Según el balance dado entregado este por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el número de asesinatos de líderes sociales en Colombia tuvo una disminución del 19% en el primer semestre de 2023, con respecto al anterior, mientras que las masacres tuvieron un aumento del 11%.
La entidad verificó 46 casos de homicidio de líderes sociales, de estos 39 eran hombres y 7 mujeres; aunque, se recibió 113 denuncias de asesinatos. Mientras que, se evidenciaron 52 masacres, y en total se recibió 63 alegaciones; con un total de 168 víctimas, de los cuales 124 eran hombres, 25 mujeres, 16 niños y 3 niñas.
En el semestre anterior, esta oficina registró 57 asesinatos de líderes sociales, por lo que se produjeron 11 casos menos, lo que "es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable", cuestionó la representante en Colombia de esta oficina de la ONU, Juliette de Rivero.
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Con respecto a las masacres, se registraron 45 casos en el primer semestre del 2022 y 47 en el segundo, con un total de 92 masacres durante el año pasado, evidenciando un aumento de estos casos en dicho periodo.
"En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales".
Juliette de Rivero, representante de la oficina de la ONU.
Por otra parte, el desplazamiento forzado también ha descendido, ya que, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA; hubo una disminución del 33% del desplazamiento y aumento del 2% del confinamiento en el primer semestre de 2023.
Estas cifras se dan a pesar de la voluntad del Gobierno colombiano de negociar con todos los grupos armados que actúan en el país, que ha tenido su mayor evolución con la guerrilla del ELN, con quien tiene vigente un cese al fuego bilateral nacional desde el 6 de agosto.
Por su parte, la representante manifestó su preocupación ante la expansión de los grupos armados y las estrategias violentas de control social, que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido.
Por ello, consideró que debe haber una "mejor articulación" entre la política de paz total, de seguridad humana y de desmantelamiento de bandas criminales en los territorios.
En particular, la ONU se mostró preocupada por el reclutamiento infantil, ya que ha recibido 57 alegaciones en 2023, de las que ha podido verificar 48 casos, 34 niños y 12 niñas, y de las cuales la mayoría eran indígenas.
Según la entidad, en algunos de los acuerdos llegados con grupos armados, como el cese al fuego con el ELN, no incluyen el reclutamiento infantil, al que se ven “más vulnerables los menores en comunidades donde hay inseguridad alimentaria, un nivel de vida adecuado o donde hay una pérdida cultural por el impacto del conflicto”.
"En ese sentido, exhortamos a incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales"
Precisó De Rivero.
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