El presidente Gustavo Petro sancionó en las últimas horas la Ley 2307 de 2023, en la que se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país.
La sanción de esta ley representa un paso hacia la transformación del sistema educativo en Colombia y forma parte de la política educativa del Gobierno del Pacto Histórico, con la que se busca garantizar el acceso a la educación superior para todos los jóvenes colombianos.
Con respecto a esto, el Ministerio de Educación tendrá la responsabilidad de reglamentar los requisitos necesarios para que se aplique la gratuidad en los programas académicos de pregrado.
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Dicha normativa establece que el Gobierno nacional se comprometerá a garantizar la financiación necesaria, para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula en las instituciones de educación superior pública.
Cabe recordar que, esta ley, tiene como objetivo que todos los jóvenes del país que quieran estudiar en las universidades, instituciones universitarias o técnicas y tecnológicas públicas lo puedan hacer de forma gratuita; sin importar el estrato al que pertenezcan.
Además, el Gobierno implementará un mecanismo de verificación, para evitar que un estudiante matriculado en programas de pregrado en universidades públicas reciba más de un apoyo económico del Gobierno Nacional para el mismo propósito; asegurando así la equidad en la distribución de los recursos.
Aunque el objetivo de la política es que cualquier joven pueda acceder a la matrícula de un pregrado en una universidad pública de manera gratuita, en el tercer artículo se señala que habrá una priorización. De esta hacen parte los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, ya sea por la focalización socioeconómica Sisbén IV o el instrumento que se elija.
De igual forma, hacen parte de la priorización las víctimas del conflicto armado, quienes pertenezcan a comunidades étnicas; así como personas con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachiller de colegios públicos en zonas rurales del país.
Finalmente, esta política será implementada de forma progresiva, lo que permitirá avanzar de manera gradual hacia el objetivo de garantizar la educación superior accesible y de calidad para todos los jóvenes colombianos.
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