En el mes de julio del año pasado (2021), el presidente Iván Duque firmó el decreto que permite la exportación de la flor seca de cannabis con fines medicinales, como una forma de fomentar ese mercado creciente en Colombia.
El Decreto 811 de 2021, que reemplaza al Decreto 613 de 2017; está principalmente orientado al acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados; al tiempo que complementa y fortalece las medidas de monitoreo, seguimiento y control de las licencias expedidas para tal efecto.
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De esta manera, se busca regular el uso del cannabis medicinal con fines de estudio, uso y análisis médico; pero también para la elaboración de alimentos, cosméticos y derivados no psicoactivos para uso humano y veterinario.
Luego de la firma de dicho Decreto, se esperaba que para el mes de octubre del año pasado se expidiera la resolución que reglamenta el funcionamiento de este mercado. Sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo la expedición de este.
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Según W Radio, dicha resolución no saldrá por ahora debido a que se encuentra archivada desde el 2 de febrero en el Ministerio de Salud. Por tanto, aún está pendiente la firma del ministro de Justicia.
Entre tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le habría hecho unas recomendaciones al Ministerio de Salud sobre esta reglamentación, para que se pueda expedir lo antes posible.
Dentro de estas recomendaciones, la SIC le pide a MinSalud que evalúe el tiempo que establecieron de 18 meses para que, a partir de la obtención de la cosecha, el empresario pueda exportarlo, entregarlo a un tercero, o llevarlo a su destino final.
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Pues algunos empresarios consideran que no es un tiempo suficiente para realizar todo el proceso; es por esto que piden que no haya un tiempo establecido.
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Asimismo, la SIC le pide al ministerio incluir un plazo determinado para que los empresarios que tienen una licencia de investigación; puedan exportar o usar el material para fines de estudio, pues para la SIC no están claras las reglas; y esto puede generar barreras para la innovación y la competitividad a nivel nacional e internacional.
En caso de que no se acepten estas recomendaciones, que buscan la libre competencia, puede haber riesgo de que haya una nulidad.
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