Luego de un trabajo desarrollado por el grupo de monitoreo y control del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de las denuncias hechas por el Ministerio de Educación Nacional, la entidad dio a conocer la existencia de tres redes que, al parecer, cometerían irregularidades en la operación de la alimentación escolar y que contratan sumas que superan el medio billón de pesos en la Costa Atlántica y Norte de Santander.
"La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del PAE involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades, agrupaciones en consorcios y uniones temporales. Este tipo de maniobras han permitido a algunos operadores ocultar información relacionada con posibles incumplimientos al momento de ser seleccionados para operar el programa", afirmó la Ministra de Educación Nacional, Gina María ParodyD’Echeona
Red uno
El Ministerio identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araújo, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de 449 mil 613 millones de pesos.
Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como la Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá (CORPERIJÁ), la Unión Temporal en los Años Dorados (Wakuzari – Corperijá), el Consorcio Años Dorados (Corperijá – Fundación Provenir – Proveer Nuevo Milenio), el Consorcio Nuevo País, la entidad Asoalimentarce (Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar), el Consorcio “Alimentando un Cesar más Educado” (Asoalimentarce – Kábala) y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala) y antes (Fundación Pa’Todo El Mundo).
Esta Red ha tenido a lo largo de su funcionamiento a Katia Rosado, Ibis del Carmen Rosado y María Angélica Araújo Noguera como representantes legales.
Red dos
El Ministerio identificó que Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2012 por un monto aproximado de 129 mil 011 millones de pesos.
Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano GERS, el Consorcio Alimentos del Cesar (GERS – Mauro’s Food), el Consorcio Maná (GERS – Fundación Proveer Nuevo Milenio), el Consorcio Alimentando Corazones (GERS – Sydac), la Unión Temporal Nutrisantander (GERS – Nutricol), Fundalimentos y UT Ananias.
Esta Red ha tenido a lo largo de su funcionamiento a Adiela Álvarez Quintero, Hugo Mario Álvarez, Marlene Esther Vásquez, Berna Luz Guillén Carranza, Nini Johana Baraja y Leung Waiy Hon Díaz como representantes legales.
Red tres
El Ministerio identificó que José Antonio Manrique, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas ha celebrado contratos de alimentación escolar desde 2012 en Norte de Santander aproximadamente por $40.426 millones y prestación del servicio educativo desde el año 2012 aproximadamente por 222 mil millones para un total de 262 mil 426 millones.
El Ministerio de Educación Nacional denunció a Paz y Futuro por las irregularidades encontradas en la prestación del servicio educativo ante la Fiscalía General como resultado de la auditoría realizada en Córdoba y Norte de Santander donde se encontraron 7.638 niños inexistentes.
Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como la Corporación Paz y Futuro y UT "Dádle vosotros de comer" (Corporación Social Diócesis – Corporación Paz y Futuro).
Esta red ha tenido a lo largo de su funcionamiento a José Antonio Manrique como representante legal. "Estas redes han venido tejiéndose por años, son empresas que en muchas ocasiones no cumplen con los estándares y lineamientos para prestar el servicio y se han apoderado históricamente de este negocio. Por primea vez le estamos poniendo el rostro a quienes se esconden detrás de estas empresas", precisó Parody.
El llamado que se hace desde el Ministerio de Educación es para que alcaldías y gobernaciones conozcan cuáles han sido los operadores que hacen parte de esta red y realicen procesos de participación pluralista, es decir con varios oferentes que garanticen la transparencia y una buena prestación del servicio a los niños y jóvenes del país.
