El Juez 17 Penal del Circuito de Cali rechazó el preacuerdo al que había llegado La Fiscalía General de la Nación con Gabriel Alejandro Bejarano, alias El Mono, presunto autor material de la masacre de Llano Verde. Las familias de las víctimas también se opusieron a esta decisión.
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Según se conoció este miércoles, el preacuerdo establecía una condena de 38 años de prisión para Gabriel Alejandro Bejarano; cuando los abogados de las víctimas están pidiendo al menos 60 años de cárcel.
Uno de los representantes de las familias de las cinco víctimas de Llano Verde, Elmer Montaña, aseguró que, con este preacuerdo, el hombre podría cumplir una pena menor a los 30 años.
“Este preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y Gabriel Alejandro Bejarano es inaceptable; aquí se pactaron 38 años de prisión, que, de manera efectiva serán menos de 30 años. Esto debido a los descuentos que tendrá por trabajo y estudio. Y a partir de los 20 años de prisión podrá gozar de otros beneficios carcelarios, como salir con permisos de 72 horas”, dijo el abogado Elmer Montaña.
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FAMILIAS DE LLANO VERDE RECHAZAN PREACUERDO
De acuerdo con lo mencionado por el representante de las familias de los cinco menores de edad asesinados en Llano Verde, las familias se sienten vulneradas por la condena contra ‘El Mono’, al considerarla indignante.
“La Fiscalía pactó 400 meses por un homicidio; y 12 meses por cada uno de los cuatro homicidios restantes. Eso es un insulto a la memoria de estos jóvenes; y una burla al reclamo de justicia que vienen haciendo las familias y la sociedad caleña y vallecaucana.
Mientras tanto, los otros abogados defensores aseguraron en un comunicado que la oposición al preacuerdo se da por ser una afrenta contra las víctimas; esto porque aún no se esclarecen los motivos de la masacre.
Igualmente, mencionaron que no hay proporcionalidad en la pena; esto debido a que, por el homicidio de cada menor, el victimario pagaría una condena de poco más de siete años.
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LOS OTROS DOS IMPLICADOS TAMIÉN QUIEREN PREACUERDO
“Nos oponemos a este preacuerdo celebrado por la Fiscalía General de la Nación, que resultó tan atractivo, al punto que los otros dos acusados solicitaron suspensión de la audiencia preparatoria para realizar un acuerdo con la Fiscalía en los mismos términos”, detalló Montaña.
El jurista aseguró que comenzarán un proceso legal para oponerse a este acuerdo, “al igual que lo ha hecho el agente del Ministerio Público, que, con razones muy fundadas, le puso de manifiesto a la Fiscalía que este tipo de acuerdos no se pueden celebrar, porque, además, desprestigia a la administración de justicia”, sentenció el abogado de las víctimas.
De acuerdo con los abogados, desde la bancada de Defensores de las Víctimas se ha realizado en cada audiencia manifestaciones al Fiscal y al Procurador par que se impute el delito de tortura a los acusados; según ellos existen elementos materiales probatorios que permiten dilucidar que dos de los cinco menores sufrieron torturas antes de ser asesinados. Sin embargo, las autoridades no han aceptado la petición. La audiencia fue aplazada para el mes de octubre.
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