En las últimas horas se ha generado una polémica entre la Alcaldía de Cali y la Fuerza Aérea Colombiana, debido a la acción popular interpuesta por el Ministerio de Defensa y la FAC, que impediría la construcción de edificaciones de más de 2 pisos alrededor de la base aérea ubicada en la capital vallecaucana.
La Alcaldía de Cali, por medio de su cuenta oficial en Twitter, manifestó que la Base Aérea Marco Fidel Suárez es un obstáculo para el desarrollo de la ciudad; por su parte, la Fuerza Aérea Colombiana indicó que el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Cali no tiene en cuenta la reglamentación internacional y aérea, para autorizar las construcciones en la zona de influencia de la base.
“La acción popular no fue instaurada contra Cali; por el contrario, se realizó para proteger los intereses de los ciudadanos y del Estado colombiano ante la negativa de las autoridades competentes de hacer cumplir la normatividad en relación con las construcciones en altura en inmediaciones de aeródromos, generando graves riesgos y vulneración de los derechos colectivos de la población, en relación a su seguridad y bienestar”, explicó la FAC por medio de un comunicado.
Durante la rueda de prensa realizada por la Alcaldía de Cali, en la mañana del lunes 5 de agosto, y en la que estuvieron presentes representantes de varios gremios económicos de la ciudad, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, propuso llevar a cabo un diálogo constructivo entre el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Colombiana y la Alcaldía de Cali durante la visita que tiene programada, a final del mes de agosto, el presidente Iván Duque.
“Este llamado lo estamos haciendo como región tanto al Ministerio de Defensam como al señor Presidente, porque nosotros queremos que la Base Aérea se mantenga, queremos la Escuela de Aviación, es un patrimonio nuestro como caleños y vallecaucanos, pero por supuesto necesitamos también que se desarrolle la ciudad que está planeada para eso”, indicó la mandataria departamental.
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Por su parte Nelson Londoño, gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana de Cali, explicó que la acción popular interpuesta por la Base Aérea, afecta un área del 42% del suelo urbano de la ciudad. “Con las pretensiones operacionales de la Fuerza Aérea, el área se incrementa al 62% del suelo urbano, lo que significa que se afectarán el 75% de los barrios que van desde el sector de Sameco, en el norte de Cali hasta el coliseo María Isabel Urrutia, en el suroriente y desde el estadio Pascual Guerrero (en San Fernando) hasta el Paso del Comercio, en el nororiente, además desde la zona de los hoteles en el oeste hasta el río Cauca”.
De igual manera, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, aseguró que los gremios de la ciudad ya se encuentran trabajando sobre la situación que no solo afecta a los ciudadanos, sino también a las empresas, porque al tener limitaciones, la posibilidad de generar vivienda de calidad se complica. “Camacol, por ejemplo, contrató un estudio técnico para mostrar algunas de las falencias técnicas sobre las restricciones que ha planteado la Fuerza Aérea Colombiana. Esto afecta a las empresas, pero sobre todo afecta a los ciudadanos”.
Entre tanto, Alexandra Sofia Cañas Mejía, directora de Camacol, manifestó que debido a la acción popular interpuesta en enero de 2019, representantes de un fondo de inversión canadiense tiene proyectos de 50 millones de dólares frenadas en la ciudad, además, informó que "hay paralizadas el 54% de las licencias de construcción en la capital del Valle".
La Alcaldía y los gremios económicos de Cali esperan que con la visita del presidente, se logre solucionar la situación por la cual, El Corredor Verde, el Tren de Cercanías, 19 planes parciales, 63.000 viviendas, 166.000 empleos y $6,8 billones de inversión, se verían afectados.
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