En el marco de la Mesa por la Vida, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo dio a conocer los resultados de las investigaciones que se adelantan en contra de funcionarios públicos del Valle del Cauca.
Dentro de los investigados se encuentran el gerente general de Emcali, Gustavo Adolfo Jaramillo Velásquez y la gerente de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía, Ángela María Gutiérrez Giraldo, por presuntas irregularidades contractuales.
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Cali, los funcionarios habrían presentado irregularidades con la firma del acuerdo comercial No. 50º-AG-0781 – 2019 entre Emcali e Inmel Ingeniería S.A.S., que al parecer, lesiona los intereses de los usuarios porque permite supuestamente que el contratista pueda cobrar tarifas sin control.
Otro de los funcionarios investigados es el Contralor de Cali, Diego Mauricio López Valencia, por haberse postulado y posesionado en el cargo a pesar de estar inhabilitado, y sería la Procuraduría Regional del Valle quien determinará si habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar las funciones.
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También se encuentran investigados el alcalde de Candelaria, Yonk Jairo Torres por presunta celebración de contratos y presunto tráfico de influencias, además el Concejal, Jhon Edwin Andrade; la secretaria de Desarrollo Administrativo, María Fernanda Pérez; al secretario de Desarrollo y Programas Especiales, Harry Mena Caicedo y a las contratistas de las secretarías, María Fernanda Pérez y Sandra Patricia Chávez Valencia.
Asimismo, el alcalde de Buga, Julián Andrés Latorre, por presunta omisión de sus funciones, y ocho funcionarios de su administración, por irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar del años 2016. La exalcaldesa de Jamundí, Lina María Vega y cuatro miembros de la junta directiva del Hospital Piloto, por presuntas irregularidades en la aprobación de un incremento salarial de la planta de personal de la entidad.
Por su parte, Carillo confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años del exalcalde de Ginebra , Camilo José Saavedra Conde, por irregularidades en la suscripción de un convenio por un valor de $416.892.049. De igual modo, citó a audiencia pública al secretario de Hacienda de Candelaria, Higinio Benavides Chávez, y la tesorera, Elvira Rodríguez Velasco, por presuntamente favorecer el encubrimiento de un dinero del Estado.
La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas, con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio causado a la administración pública por los investigados.
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