El Tribunal Superior de Justicia de Bogotá ordenó este viernes la liberación inmediata del excomandante guerrillero "Jesús Santrich", cuya extradición a Estados Unidos fue denegada el miércoles por el tribunal de justicia transicional Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aseguró el máximo líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, "Timochenko".
"Tribunal ordena libertad inmediata de Jesús Santrich (tras haber) aceptado hábeas corpus, esperamos y exigimos su libertad YA!", escribió Timochenko en su cuenta de Twitter.
Santrich permanece detenido desde abril de 2018 en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde esta mañana fue atendido por heridas que, según sus seguidores, son de gravedad, mientras que el procurador general Fernando Carrillo consideró leves.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señaló que Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández, se lesionó a sí mismo en la mañana de este viernes y que fue atendido por personal médico.
"El Inpec informa que en horas de la mañana el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte se autolesionó levemente en los brazos (...) El señor Hernández Solarte ya fue atendido por personal de salud y se encuentra bien de salud, estable", aseguró el general William Ruiz, director del Inpec.
La JEP, sistema de justicia transicional creado para juzgar crímenes de los combatientes en la guerra civil que terminó en 2016, dictaminó el miércoles que no concedería la extradición de Santrich a EEUU, donde se lo pedía para juzgarlo por narcotráfico, y ordenó a la fiscalía ponerlo en libertad de manera inmediata.
Esa misma noche un fiscal firmó la orden de libertad de Santrich, pero este viernes continúa detenido.
El Tribunal Superior de Bogotá dispuso, en el mismo fallo concediendo el hábeas corpus, que la fiscalía y la procuraduría investiguen penal y disciplinariamente al Inpec y a las autoridades de La Picota por demorar la orden de liberación de Santrich, según el diario El Tiempo.
Se acusaba al exguerrillero de las ahora extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense.
Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo de paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplables por la justicia transicional de la JEP.
La JEP solicitó a EEUU a través de la cancillería colombiana "las evidencias que soportan el pedido de extradición" de Santrich para evaluar en particular las fechas de los hechos.
El Departamento de Justicia de EUU rechazó la petición de la JEP por considerar que todas las pruebas en contra de Santrich estaban citadas en la petición de extradición.
La JEP sostuvo en su comunicado de este miércoles que "con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte (Santrich) ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización".
Así, "la aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la Sección (de Revisión de la JEP) no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición".¡
La JEP observó además irregularidades en el trámite de extradición, porque la fiscalía no presentó la "solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera".
Con todo, el tribunal advirtió que esta decisión "no implica que la conducta se quede sin investigar y, en consecuencia, de conformidad con el principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar) (…) compete a las autoridades judiciales nacionales (transicionales u ordinarias, según corresponda) definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente".
La decisión de la JEP fue seguida de la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez y de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
En virtud del acuerdo de paz, el partido FARC obtuvo 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado) por un plazo de 12 años como parte de lo establecido en el acuerdo de paz.
Santrich resultó elegido en los comicios de marzo de 2018, pero un mes después fue detenido, por lo que se presumía que, una vez liberado, ocuparía su escaño en la Cámara de Representantes. (Sputnik)
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