En un comunicado emitido por la Federación Nacional de Colegios de Defensores Públicos de Colombia se dio a conocer unanueva protesta en las afueras del Palacio de Justicia de Cali. La jornada consta de un paro nacional de actividades de 24 horas para este miércoles 30 de enero.
Quienes lideran la protesta son los abogados de oficio que designa el Estado a quienes no pueden pagar por los servicios de un defensor.
Los juristas expresan su rechazo frente a la decisión de la Defensoría del Pueblo sobre el "agresivo proceso de selección en el cual nos quiere incluir luego de que nosotros hemos sido evaluados a diario durante años por los jueces, por nuestros usuarios, por el Ministerio Público y por todas las instancias de control interno que tiene la misma Defensoría", tal como se lee en el comunicado.
Frente a la situación, los manifestantes aseguraron al diario El Tiempo que la totalidad de los defensores públicos en el país no son nombrados y tan solo se les está haciendo contratos de prestación de servicios a tres meses, obligándolos a pagar una póliza, sin gozar de seguridad social, prestaciones, vacaciones ni primas.
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Además, "los defensores públicos deben pagar su seguridad social y pensión, y hasta pagar las fotocopias de procesos que adelantan. Además, la situación se ha vuelto más caótica debido a que el exceso de carga laboral es mayor, ya que a cada defensor público se les está asignando unos 200 o más procesos que deben sacar en tiempos maratónicos, abusando de su salud y atropellando así su trabajo".
"Y como si esto fuera poco, si un defensor no asiste a una audiencia se expone a ser investigado de manera disciplinaria, mediante la compulsa de copias que expiden los jueces de la República", prosiguió uno de los defensores públicos.
En suma a lo anterior, también se cuestiona el hecho de que “la Defensoría Nacional, teniendo un presupuesto anual aprobado, ofrezca contratos de prestación de servicios tan cortos y con una carga laboral y en condiciones infrahumanas, dijo el abogado y ex defensor público".
Finalmente, recalcaron que a algunos funcionarios se les debe el pago desde el mes de octubre del 2018.
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