La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Daniella Camacho, aceptó la petición del Fiscal General encargado, Paúl Pérez, de ordenar el arresto preventivo de Rafael Correa por no cumplir la orden judicial de comparecencia, además de emitir una difusión roja a la Interpol pidiendo su arresto y extradición.
El pasado 18 de junio, la jueza Camacho vinculó al expresidente, como autor intelectual en la investigación penal que se sigue por el secuestro de Fernando Balda, registrado en Bogotá en el año 2012, y dispuso como medida cautelar que a partir del 2 de julio el acusado se presente cada 15 días ante la CNJ.
La jueza dictó la prisión preventiva para el expresidente en una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares que se impusieron al exmandatario el pasado 18 de junio.
Este lunes, Rafael Correa no cumplió con la disposición judicial y optó por presentarse en el Consulado ecuatoriano en Bruselas, ya que reside en Bélgica hace más de un año, aunque debía hacerlo en Quito.
“Amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de DD. HH., la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Constitución y leyes de la República, como ecuatoriano residente en el exterior y en ejercicio de mis derechos, me he presentado el día de hoy, lunes 2 de julio de 2018, al Consulado del Ecuador en Bruselas, para cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado ‘caso Balda’. Todos saben que es una vulgar persecución política, que nunca hubiera podido ocurrir en un verdadero Estado de derecho, y que, por burda y absurda, jamás prosperará a nivel internacional”, afirmó el exmandatario.
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Por otro lado el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, que había pedido la audiencia para sustituir las medidas cautelares originales y que Correa pudiera comparecer en Bruselas, lamentó la decisión y recordó que no existía una "petición estricta del Fiscal del Estado" con respecto a la prisión preventiva, porque el Fiscal Pérez aún no ha asumido sus funciones oficialmente.
"Existe solamente una solicitud del Fiscal General encargado, que no está posesionado", dijo Ochoa, quien manifestó que el proceso "no trata de hacer justicia sino de hacer venganza".
"Hemos visto un escenario donde se han violado todas las garantías de carácter institucional", insistió al advertir que apelará la decisión de Camacho.
Cabe recordar que el intento de secuestro del exasambleista se produjo en Colombia en la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo y lo mantuvieron retenido por cerca de hora y media, tras lo cual fue rescatado.
Sin embargo el expresidente, que no descarta pedir asilo en Bélgica u otro país, asegura que no existen esas pruebas y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.
En declaraciones a los medios tras salir de la audiencia, Balda anunció que iniciará una campaña para convencer a los Gobiernos europeos de que no le den asilo a Correa.
"Iniciaremos activismo en las embajadas europeas empezando por la de Bélgica. Acudiré con mis abogados a presentarles las evidencias para que constaten de que esto no se trata de una persecución política sino de un crimen de Estado", manifestó.
Sin embargo, el abogado de Balda, Felipe Rodríguez, resaltó que Correa no podría solicitar ese asilo debido a que el secuestro con fines políticos es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
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