En Colombia, aún es común encontrar hogares donde los loros conviven como si fueran mascotas domésticas.
Su plumaje llamativo y la facilidad para repetir palabras los convierten en animales muy apreciados por algunas familias. Sin embargo, lo que para muchos parece una costumbre inofensiva es, en realidad, una práctica ilegal que puede generar multas y la pérdida del animal.
De acuerdo con la normativa vigente, mantener en cautiverio especies silvestres como: loros, tortugas, iguanas, cotorros, monos tití o boas, constituye una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).
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El Ministerio de Justicia y del Derecho ha sido enfático: estas especies pertenecen a los ecosistemas, no a las casas.
¿Qué sanciones aplica la ley?
La Policía Nacional está autorizada para atender denuncias relacionadas con la tenencia ilegal de fauna silvestre, a través del número 123.
Una vez verificada la situación mediante visitas o reportes técnicos, se puede imponer una multa tipo 3, que para este 2025 equivale a $393.440 pesos colombianos.
Además, se decomisa el animal para ser entregado a las autoridades ambientales, quienes determinan si es posible su recuperación o reintegración al hábitat natural.
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¿Por qué no se deben tener loros como mascota? Multa es solo una razón
Más allá del marco legal, hay razones ambientales y éticas de fondo. Los loros cumplen un rol esencial en el equilibrio de los ecosistemas: dispersan semillas, ayudan a controlar poblaciones de insectos y mantienen el dinamismo de los bosques tropicales. Su captura y domesticación interrumpe ese ciclo natural.
Además, al ser apartados de su hábitat, estas aves suelen sufrir estrés, ansiedad y problemas de salud. Aunque algunos dueños aseguran brindarles cuidados y afecto, lo cierto es que vivir en una jaula o un espacio doméstico limita su desarrollo y comportamiento instintivo: no pueden volar en libertad, formar pareja ni interactuar con otros miembros de su especie.
El comercio de fauna silvestre sigue siendo uno de los delitos ambientales más frecuentes en el país. Solo entre enero y octubre de 2024, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se incautaron más de 200 animales o partes de animales que estaban siendo transportados ilegalmente. En los últimos ocho años, las incautaciones suman más de 8.200 casos.
Pese a estas cifras alarmantes, Colombia no cuenta con un sistema nacional unificado para medir la magnitud real del tráfico de especies, lo que dificulta el diseño de políticas efectivas.
Sin embargo, lo que sí está claro es que la demanda de estas especies como mascotas es uno de los motores que perpetúa este crimen ambiental.
Aunque la imagen de un loro repitiendo palabras puede parecer tierna, lo más responsable —y legal— es dejarlos en su entorno natural.
Solo así pueden vivir conforme a su especie, cumplir su función ecológica y mantenerse fuera del círculo del maltrato y la explotación.
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