El desplazamiento forzado continúa escalando en Colombia, sobre todo en el Valle del Cauca. En lo que va del 2025, más de 85.000 personas han sido víctimas de este fenómeno, que ahora impacta con fuerza regiones que antes parecían estar al margen.
Solo en el mes de julio se registraron 1.961 nuevos casos, y el Valle del Cauca se convirtió en el departamento más golpeado, con 588 personas desplazadas, por encima de territorios históricamente afectados como Cauca, Nariño y Bolívar.
La situación ha generado especial preocupación, ya que incluso Cali aparece dentro de las zonas en alerta temprana, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo. Los municipios más afectados en el Valle son Buenaventura y Jamundí, donde las comunidades siguen atrapadas en medio de disputas entre grupos armados ilegales.
Jamundí y Buenaventura, bajo fuego cruzado
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, señaló que “la violencia en el suroccidente colombiano está escalando de una manera vertiginosa. Lo he venido diciendo, el suroccidente colombiano no se puede convertir en un segundo Catatumbo”.
Además, advirtió la necesidad urgente de una intervención integral. Según explicó Mendoza, se requiere inversión en seguridad y una postura firme del Gobierno Nacional con una lectura clara del territorio.
El análisis coincide con lo expuesto por Jesús González, experto en conflicto armado, quien explicó que en Jamundí el fenómeno se relaciona con el complejo narcotraficante del Naya, y con su rol estratégico como puerta de entrada y salida de economías ilegales. En Buenaventura, las disputas por el control del tráfico internacional de drogas siguen alimentando el conflicto, a pesar de algunos esfuerzos institucionales por establecer negociaciones y mesas socio jurídicas.
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Cali también está en la mira
La capital del Valle no es ajena al fenómeno. Una reciente alerta temprana advierte sobre un conflicto híbrido, en el que se cruzan estructuras armadas y crimen organizado. Mendoza reiteró que
“La alerta temprana no es gratuita”.
Explicó que el documento recoge múltiples denuncias realizadas por la Personería, incluyendo reclutamiento de menores, presencia de bandas extranacionales y grupos criminales organizados que intentan tomar control de zonas urbanas.
El reto, advierten las autoridades, no solo está en frenar el avance de estas estructuras ilegales, sino en garantizar condiciones de seguridad, retorno y dignidad para familias víctimas del desplazamiento forzado en Valle del Cauca, que hoy huyen para proteger sus vidas.
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