De las 1.500 investigaciones a servidores públicos de la Gobernación del Valle, ya tres recibieron la correspondiente sanción.
Marcia Porras, jefe de la Oficina de Control Disciplinario, señaló “tenemos el caso de un funcionario que no regresó después de vacaciones por abandono del cargo, quien ha sido sancionado con destitución e inhabilidad general por 10 años. Otro proceso concierne a un ex secretario de las TIC quien tuvo concurrencia de funciones y, por tal motivo, se sancionó con suspensión de dos meses, pero por su calidad de exfuncionario tuvimos que conmutar la sanción con multa de dos salarios al momento de salida, correspondiente a $20 millones”.
Por otro lado, Porras refirió el caso de una docente que fue multada por no haber atendido a tiempo los requerimientos que le había hecho la comunidad.
Las más de mil quejas ya han sido depuradas, aunque hay algunas que están difusas, la prioridad se le entrega a otras de mayor trascendencia.
“En este semestre tenemos ya varias audiencias pendientes y, de acuerdo a las pruebas, lo más seguro es que terminen en sanciones disciplinarias, según la trascendencia de cada caso”, afirmó el funcionario.
