La tercera brigada del ejército, ha confirmado el decreto que prohíbe el uso de armas de fuego y armas traumáticas en todo el Valle de Cauca.
El decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, el cual tiene como objetivo reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana, especialmente en las zonas del Valle, donde más se ha altercado el orden público.
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La disposición afecta tanto a personas naturales como jurídicas, y establece un ámbito de aplicación específico en 40 municipios del departamento, excluyendo únicamente el casco urbano de Buenaventura, que es competencia de la Armada.
Esta decisión ha sido muy polémica entre varios sectores, aunque algunos están a favor, también hay muchos en contra, los cuales consideran esta medida como un limitante de los Derechos Humanos.
En 90 Minutos, pudimos conversar con el diputado Rafael Rodríguez, quien está en contra de esta decisión.
“Es una decisión errónea por parte del gobierno nacional, que afecta claramente la seguridad, no solamente de nuestro departamento, sino de todo el país. Quitarle la posibilidad a ciudadanos empresarios, comerciantes, ganaderos que tienen su arma legítimamente amparada, que con ella defienden sus vidas, las de sus familias, más que todo en sectores rurales donde no pueden tener acompañamiento permanente de policía y ejercito”
Rafael Rodríguez, diputado del Valle Centro Democrático
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¿Cuál es el alcance de la suspensión del porte de armas en el departamento?
La jurisdicción de la Tercera Brigada abarca ciudades como Cali, Palmira, Tuluá, Jamundí, Yumbo y Cartago.
En el caso de Buenaventura, la prohibición no aplica a la parte oriental del municipio, hasta el kilómetro 20 de la carretera Buenaventura-Cali.
Aunque la medida es de carácter general, contempla excepciones específicas en las que se incluyen al personal activo de la Fuerza Pública, veteranos, funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, y miembros de organismos internacionales acreditados.
Empresas de seguridad privada y misiones diplomáticas con permisos especiales también están exentas bajo criterios definidos.
Adicionalmente, deportistas y coleccionistas de armas podrán transportar sus equipos para competencias o actividades deportivas, siempre que estén descargados y sin proveedor puesto.
Ahora bien, el incumplimiento de esta disposición tendrá consecuencias legales. Según el artículo 7 de la resolución, las armas cuyo porte no esté amparado bajo las excepciones legales serán incautadas por las autoridades militares y policiales.
Por tal motivo, se ha establecido un plazo hasta el 10 de febrero de 2025, para que los ciudadanos con permisos regionales o nacionales regularicen su situación. Pues, aquellos que no cumplan con este requisito enfrentarán el decomiso inmediato de sus armas.
Contexto de inseguridad en el Valle del Cauca
Durante el año 2024, el departamento cerró con 2,259 homicidios y 27,635 hurtos a personas, esto teniendo en cuenta únicamente los datos registrados.
Aunque se han generado opiniones divididas, el objetivo principal de este decreto es brindar seguridad a los ciudadanos. Además de reducir los peligros asociados a las armas de fuego y de las armas traumáticas.
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