María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, se dirigió a la Fiscalía para denunciar a dos empresas por utilizar el nombre de la Secretaría de Salud Departamental con el que engañaron a 43 odontólogos de Palmira.
Según la denuncia, estas firmas habrían ofrecido jugosos contratos a odontólogos de La Villa de las Palmas a cambio de realizar labores de prevención oral a niños de los colegios públicos de las zonas rural y urbana de dicho municipio del Valle, en especial a menores desplazados, en un proyecto que estaría encabezado por la administración departamental.
“Estamos haciendo una denuncia penal de dos firmas: Global de Colombia S.A.S y Negocol, por haber usado el nombre de la Secretaría de Salud Departamental como contratantes de un proyecto de más de $2.600 millones, con los que están engañando a odontólogos en el municipio de Palmira” dijo a Blu Radio la Secretaria, quien además aseguró que al menos 43 especialistas habrían caído en la estafa.
Lesmes añadió que “Es un acto indignante que se haga uso de la figura de la Gobernación del Valle para involucrarnos con fundaciones, como contratistas de la Gobernación del Valle para hacer campañas de salud en beneficio de niños de población desplazada de menos de doce años”.
La situación se dio a conocer luego de que 40 odontólogos y 3 higienistas renunciaran a sus trabajos formales atraídos por la gran oferta económica ofrecida por dichas empresas. Dos meses después de la contratación del proyecto, los especialistas se dirigieron a la Alcaldía de Palmira para reclamar la falta de pago de más de dos meses de salario, por lo que esta entidad remitió la queja a la Secretaría de Salud Departamental por el supuesto incumplimiento del contrato.
Este hecho, generó gran indignación en la Secretaría de Salud del Valle debido a que se trataría de una empresa que tiene menos de seis meses de creada y cuyo objeto es la venta de insumos agropecuarios.
Finalmente, la funcionaria solicitó a los entes de control que se investiguen a las personas jurídicas y naturales que pasan cuentas de cobro a la Gobernación de contratos inexistentes.
