El municipio de Tuluá, en el centro del Valle, fue epicentro de manifestaciones y actos violentos durante este 25 de mayo. Estos hechos, enmarcados en el Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril, dejaron una víctima mortal y serias afectaciones a establecimientos del municipio.
Según reportaron las autoridades, a las 10:37 p.m. se registró el asesinato de un joven identificado como Camilo Andrés Arango; quien fue trasladado a la Clínica San Francisco de Tuluá, pero no soportó la gravedad de las heridas.
Según el reporte policial, el joven Arango, de 18 años, presentó “una herida ocasionada con arma de fuego. El hecho se presentó en hechos vandálicos, se desconoce la dirección de los hechos, móviles y agresores por establecer”.
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Este suceso lamentable se presentó, según las autoridades, en la carrera 30 con calle 29, sobre el sector del río. Camilo Arango era un estudiante de Derecho de la institución Unidad Central del Valle -UCEVA-.
Policía condena muerte de Camilo Arango
Frente a la dura jornada de orden público que se presentó en Tuluá en la noche de ayer, el comandante del Departamento de Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, lamentó la muerte de Camilo Arango y las graves afectaciones al Palacio de Justicia de esta ciudad.
“Se recibieron más de 100 llamadas de diferentes ciudadanos denunciando actos vandálicos. Relacionados con hurto, daño en bien ajeno, la afectación a la Administración Municipal; y, por supuesto, la incineración del Palacio de Justicia”; afirmó Urquijo.
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“Pero el hecho más lamentable se presentó sobre las 10 de la noche, donde una persona pierde la vida producto de un impacto de arma de fuego, en hechos que son materia de investigación. Distante a unas cuadras del lugar donde se presentaron estos hechos vandálicos”; agregó.
A su vez, el comandante de la Policía Valle aseguró que “también resultaron lesionadas 2 personas más, también por arma de fuego”. El último reporte indica que estas dos personas lesionadas estarían estables.
Rechazan actos de terrorismo
Por su lado, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, rechazó con vehemencia los daños al Palacio de Justicia de Tuluá y llamó a la ciudadanía a respetar a la rama judicial colombiana.
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“Rechazo los actos de terrorismo que llevaron a la destrucción y quema del Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación priorizará esta investigación y esclarecerá estos hechos”; dijo Barbosa.
“Queremos decirle a la ciudadanía y al país que debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia”; sumó el fiscal.
Por su parte, la gobernadora del Valle manifestó su rechazo a lo ocurrido en la ciudad corazón del Valle.
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“¡Lo del Palacio de Justicia en Tuluá es un acto terrorista y criminal! Es evidente el aparato macabro para dinamitar al Valle del Cauca. Estamos frente a acciones sistemáticas de terrorismo urbano. Anunciaremos más medidas. Vamos a capturar a los responsables”; afirmó la gobernadora Clara Luz Roldán.
Balance y recompensa
Sumado a esto, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Carlos Ernesto Rodríguez; además de dar un balance general de lo sucedido, recalcó que habrá una recompensa de $100 millones para las personas que ayuden a dar con el paradero de los responsables de las alteraciones del orden público en Tuluá el pasado 26 de mayo.
“Cerca de las 5 de la tarde, algunas personas que se encontraban frente a la Alcaldía, acompañados de dos ciudadanos más con carretillas; proceden a transportar escombros y piedras, los cuales son arrojados posteriormente al personal uniformado que se encontraba de servicio en esta importante instalación”; afirmó el general Rodríguez.
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“De este hecho, infortunadamente, resultan 18 lugares averiados; especialmente con daños de vidrios. Se presentan de igual manera el hurto de cerca de 60 motocicletas, de las cuales fueron recuperadas 17”; agregó Rodríguez.
Frente a los resultados recientes a los actos cometidos en Tuluá, el director de Seguridad Ciudadana afirmó que tienen a una serie de capturados.
“Se logra la captura de 8 ciudadanos por los delitos de obstrucción de vía pública, hurto calificado y agravado; de igual manera, daño a bien ajeno y ataque a servidor público”; dijo.
“Por parte de la institución, se ofrecen hasta $100 millones de pesos para aquella persona que permita individualizar, lograr la judicialización y la captura de los responsables de la muerte de este ciudadano, pero también de los daños generalizados en este importante municipio del Valle”; acotó el general.
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