La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha propuesto cobrar un impuesto para crear un fondo que garantice la seguridad en el departamento, el cual se reflejaría en la factura de energía de cada consumidor, sin embargo algunos sectores políticos se han mostrado inconformes sobre esta iniciativa de la mandataria.
El fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonset, será financiado a través de una tarifa mensual sobre el consumo de este servicio, el cual está sujeto al tipo de predio y estrato de cada usuario, explicó la gobernadora.
Es decir, cada predio residencial de acuerdo al estrato pagaría así:
Estrato 4: 1%
Estrato 5: 2%
Estrato 6: 3%
De igual forma, los predios industriales aportarían con el 6%, los comerciales contribuirían con el 4%, los oficiales el 2%, los usuarios no regulados el 8%, y los autogeneradores y cogeneradores también pagarían el 8%. Cabe resaltar que esta medida no incluye los estratos 1,2 y 3.
La gobernación estima que anualmente se recaudarían $4.000 millones, y serían invertidos en programas de infraestructura que ayuden a reforzar la seguridad en la región.
Según el Sistema único de Información de Servicios Públicos, en el departamento hay un total de 1.205.137 predios proyectados, de los cuales 175.882 son residenciales y 93.453 no residenciales, los cuales, de aprobarse el proyecto, tendrían que pagar dicha contribución.
Por otra parte, en el estudio de este proyecto de ordenanza en la Asamblea, algunos diputados, empresarios y dirigentes de la región, hicieron críticas a la propuesta de Dilian Francisca Toro.
Es el caso de la diputada Juanita Cataño, quien llamó de irresponsable esta medida, al “tratar de imponer una tasa mensual sin ser socializada, en medio de las condiciones económicas que atraviesa el país y seguir afectando el bolsillo de la gente. Preocupa que este impuesto no parece ser transitorio ni estar amarrado a resultados de las autoridades, lo que lo podría convertir en otro cuatro por mil o el impuesto de guerra”, puntualizó.
Por su parte, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo, “aumentar más los impuestos o subir el precio de la energía a la industria y el comercio sería ahuyentar a los empresarios y perder muchos empleos. Los recursos hay que conseguirlos tratando de corregir la corrupción que hay en la Nación, el Departamento y el Municipio. Hay que buscar el dinero con eficiencia, no cobrándole más a la gente”.
Según Dilian Francisca Toro, este proyecto solo busca mejorar los indicadores y la percepción ciudadana sobre la seguridad.
“Es nuestro propósito disminuir la inseguridad que está afectando al departamento. Sabemos que las comunidades están siendo afectadas por los hurtos a personas, motocicletas y celulares. El Valle está atrasado tecnológicamente y por eso hemos establecido una tasa al consumo de energía eléctrica que no van a pagar los estratos 1, 2 y 3. Estos recursos serán exclusivamente para mejorar la tecnología y la seguridad” explicó Toro.
Gabriel Velasco, gerente seccional de la Andi, también se refirió a esta propuesta, y aseguró que el sector industrial sería el más afectado, pues de implementarse el tributo, una compañía que consume $23.000 millones anuales de energía, pasaría a pagar más de $1.600 millones, lo que correspondería a casi el 40% de sus utilidades.
