Un fallo en primera instancia inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por la celebración indebida de un contrato entre la Gobernación del departamento y la IPS - Eduardo Bolaños.
La falta calificada como gravísima por parte de la Procuraduría en contra de Abadía, tiene que ver con la contratación directa de la IPS para la realización de unas cirugías bariátricas a personas del régimen contributivo que habían solicitado la intervención y la habrían obtenido a través del fallo de una tutela.
La decisión responde a un documento enviado por el abogado Elmer José Montaña, que figuraba como secretario General del Departamento en el cual se narraban presuntas irregularidades contractuales que estarían ocurriendo dentro de la entidad.
Para la institución, la forma como fue resuelta la decisión de la contratación violó el régimen contractual que existía en aquel entonces y no se realizó una selección abreviada que tuviera por lo menos tres candidatos escogidos a través de una convocatoria pública.
Además, consideró que Abadía no delegó la calidad de ordenador de gastos, como primer responsable de la inversión del departamento.
En la decisión también fue culpado Raimundo Antonio Tello, quien en aquel entonces figuraba como secretario Jurídico del Departamento del Valle del Cauca y a quien se le incriminó por no haber realizado un estudio acorde con la documentación existente.
Tello fue inhabilitado por once años para ejercer cargos púiblicos, tras comprobar las irregularidades jurídicas que tenía el proceso.
Héctor Fabio Useche, quien en aquel entonces se desempeñaba como secretario de salud del departamento, fue absuelto del cargo que se le imputaba ya que el ente de control, encontró que los descargos presentados eran válidos.
Useche indicó ser odontólogo y no tener conocimiento jurídico de los procesos de contratación, por lo que confió en la asesoría que Tello le brindó.
Ahora, tanto Abadía como Tello, tendrán entre cinco y diez días para presentar el recurso de reposición y quedarán a la espera de un fallo final.
Sin embargo, cabe recordar, que Juan Carlos Abadía ya había sido inhabilitado en 2010, cuando la Procuraduría le comprobó como una acción voluntaria el haber participado en política cuando ejercía como gobernador del Valle, al sostener una reunión con 21 alcaldes locales más y el entonces precandidato a la presidencia Andrés Felipe Arias.
Además se conoció que otros procesos administrativos se adelantan en contra del exgobernador por la celebración de contratos con la IPS - Eduardo Bolaños.
