En Buenaventura se viven dos realidades en el momento, dentro del casco urbano gozan de paz ya que el cese entre Los Shottas y Los Espartanos se mantiene, ha hecho que los homicidios bajen un 95%.
Por otra parte, en la zona rural el ambiente es totalmente diferente. Son al menos 1300 familias desplazadas que llegan por los enfrentamientos entre bandas criminales que luchan por el control de los territorios, que son estratégicos para la venta y tráfico de estupefacientes.
Rubén Darío Jaramillo, arzobispo de Buenaventura, las veredas más afectadas son aquellas ubicadas al sur del municipio, en la zona del Bajo Calima y que además son cercanas a las aguas de los ríos Naya y Yurumanguí.
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“Los combates entre grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, la Nueva Marquetalia y la disidencia Jaime Martínez, han desplazado a las comunidades y algunos de los habitantes están confinados en las veredas. También han desaparecido personas y hay escasez de alimentos. Es muy preocupante”, comentó al respecto el arzobispo.
También añadió que diferentes líderes sociales han recibido amenazas y aunque estén ubicados en albergues, siguen con la preocupación de querer regresar a su tierra a causa de baja seguridad que se presenta en el lugar.
La venta de tiquetes con rumbo a Buenaventura se suspendieron por los bloqueos en las vías y es por esa razón que muchas personas no han podido viajar.
¿Qué expresan los manifestantes?
En una entrevista para Blu Radio, el vocero de la manifestación, Mario Angulo, comentó que mantendrán el bloqueo hasta que el Gobierno visite la zona y establezcan garantías para su seguridad.
“Estamos pidiendo la presencia del Comisionado de Paz, del Ministro del Interior, de la directora del programa de Víctimas y el director Nacional de la UNP y así, desde Buenaventura, podamos reorientar algunas cosas”, indicó Angulo.
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A través de un documento, los manifestantes le hicieron 20 peticiones al Gobierno Nacional, allí mismo resaltan que los grupos armados ilegales demuestren voluntad de paz dentro de 4 meses, además de entregar a lo jóvenes que fueron reclutados.
Así mismo, exigen la liberación de los líderes sociales Edinson Valencia y Abencio Caicedo.
Toda la comunidad está al tanto de las respuestas de esas organizaciones, especialmente la razón de los asesinatos de Edinson Valenzuela, directivo de la Junta de Gobierno del río Raposo, y a Arley Cuero, directivo del Comité Veredal del Chorro en Cajambre.
Del mismo modo, manifestantes le piden al estado que dentro de los próximos dos meses se lleve a cabo un plan retorno a los territorios de las comunidades desplazadas.
“El Gobierno Nacional enfrente las organizaciones criminales que están haciendo tanto daño a la comunidad, se debe tomar la decisión de combatir estos grupos y ayudar a que la población tenga paz”, afirmó Monseñor Jaramillo.
Por el momento, en el municipio se realiza una mesa de concertación con el propósito de encontrar una solución que gira en torno a toda esta problemática.
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