Recientemente, líderes sociales que trabajan con las comunidades y que aseguran que su vida está en riesgo por su labor denuncian que no se les ha brindado una protección adecuada. Por esta razón viajaron desde lugares como Buenaventura y Tumaco hasta la sede de la Unidad Nacional de Protección en Cali para pedir que se les mejoren sus esquemas de seguridad.
El drama lo viven varias personas protegidas, como es el caso de José Luis Torres, quien hace trabajo social en los barrios más conflictivos de Buenaventura. Torres ya ha sufrido tres atentados y asegura que las medidas de protección son insuficientes.
“A veces en mi casa han estado amenazándome y diciéndome que me van a mandar granadas. Yo vivo en una zona donde hay fronteras invisibles, entonces eso sí está preocupando porque la UNP no está protegiendo a los líderes sociales como tiene que ser en Buenaventura”.
Expresó José Luis Torres, líder social.
Cabe recordar que son 1310 representantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, cívicas y comunales, quienes están bajo la protección y cuentan con un esquema de seguridad de la UNP.
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El Pacífico una zona especialmente afectada
Por su parte, los líderes del puerto de Buenaventura, Tumaco y Guapi aseguran que son los más expuestos y piden que mejoren sus sistemas de seguridad.
“Que tomen cartas en el asunto porque están matando a los líderes sociales y el estado no se está pronunciando. Se dañan los vehículos y hasta dos meses y medio para que entreguen los vehículos de la rentadora. Lo más crítico es que le califican extraordinario”.
Expuso Jhon Jair Segura, líder social.
Precisamente este año el estado impuso una medida cautelar a empresas que prestan carros blindados a la UNP por presunta afectación a la seguridad de los protegidos.
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