Pese al reciente fallo del Consejo de Estado que anuló la primera versión de la tasa de seguridad en el Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro aclaró que el cobro sigue vigente y se mantendrá sin alteraciones.
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La razón: el actual recaudo se basa en un nuevo marco legal que reemplazó la norma anulada.
La decisión del alto tribunal se refiere a la Ordenanza 400 de 2016, la cual fue demandada por vicios de procedimiento. Sin embargo, esa norma ya no estaba en uso, pues fue derogada y sustituida por ordenanzas más recientes, incluida la 692 de 2025, que se ajusta a la Ley 2272 de 2022, autorizada por el Congreso de la República.
“Es muy claro que fue la primera tasa de seguridad que se aprobó por la Asamblea en 2016, que fue demandada y solo hasta ahora sale el veredicto del Consejo de Estado. Pero esa ordenanza fue actualizada en 2024 con una nueva que se basa en una ley aprobada en 2022, donde se le da la posibilidad a los departamentos de generar este tipo de tasas”.
Explicó la mandataria.
Cobro sigue firme y es legal
El pronunciamiento judicial no tiene efectos sobre el esquema actual de cobro, ya que se fundamenta en una normativa diferente. En palabras de la Gobernadora:
“No hay ningún problema con la tasa, se va a seguir cobrando y es completamente legal”.
La Ordenanza 692 de 2025, aprobada por la Asamblea Departamental, fue construida bajo principios de legalidad tributaria y se apoya en la ley nacional que habilita a los entes territoriales a establecer estos mecanismos de financiación.
Recursos para enfrentar el desafío de la seguridad
La Tasa de Seguridad en el Valle del Cauca no solo sigue viva, sino que representa una fuente clave de financiación para enfrentar uno de los retos más complejos del territorio: la seguridad ciudadana. Los recursos recaudados se destinan directamente al fortalecimiento de la Fuerza Pública y a estrategias de prevención del delito en los municipios.
Además, la Corte Constitucional ya había avalado la Ley 2272 de 2022, lo que refuerza la legitimidad del cobro que se realiza actualmente a través de las facturas de energía.
Contexto clave para los ciudadanos
Aunque la noticia del fallo generó confusión en algunos sectores, desde la Gobernación se hizo un llamado a la calma. La medida judicial no afecta el cobro vigente ni representa riesgo alguno para las finanzas ni los programas de seguridad del departamento.
Con esta claridad jurídica, el Gobierno departamental reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad y el desarrollo institucional, pilares fundamentales para la estabilidad del Valle del Cauca.
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