El impuesto al consumo volvió a encender el debate entre las regiones y el Gobierno Nacional. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que varios departamentos no aplicarán el Decreto 1474 de 2025, que incrementa del 5 % al 19 % el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre su legalidad.
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El anuncio se dio en Bogotá, durante un encuentro de mandatarios regionales convocado por la Federación Nacional de Departamentos, en el que se advirtió que la medida vulnera la autonomía fiscal de los departamentos y pone en riesgo recursos destinados a sectores fundamentales como la salud, la educación y el deporte.
“Diecisiete gobernadores hemos dicho que no vamos a aplicar el decreto en materia de impoconsumo hasta que la Corte Constitucional se pronuncie”,
Afirmó Toro, al precisar que la decisión se ajustará a las condiciones particulares de cada territorio.
Acciones jurídicas contra el decreto
La mandataria vallecaucana explicó que los gobernadores interpondrán acciones conjuntas e individuales para controvertir el decreto del Gobierno nacional.
“Vamos a presentar un documento ante la Corte Constitucional para que escuche a los gobernadores sobre los efectos negativos de este decreto, no solo en las finanzas, sino en derechos fundamentales como la salud y la educación. También presentaremos tutelas de manera individual”
Durante su intervención, Toro insistió en que el incremento del impuesto podría generar efectos contraproducentes para las finanzas regionales.
“Hoy estamos reunidos los Gobernadores del país precisamente para tomar una decisión al respecto, porque esto va a afectar a nuestros departamentos. Lo he venido diciendo desde antes de que saliera este decreto: nos va a afectar por el aumento del contrabando y, por supuesto, por la disminución del presupuesto”
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Riesgos para las finanzas departamentales
La gobernadora alertó que el decreto establece que los recursos adicionales recaudados irán al Presupuesto General de la Nación, lo que dejaría a las regiones con menos ingresos propios. “Los ingresos que generen los impuestos, según el decreto, se van a venir para el Gobierno central. Es decir, el impacto negativo en las finanzas se queda en las regiones, y estos recursos no son para cualquier cosa: son para la salud, la educación y el deporte”, explicó.
Además, advirtió sobre el impacto en productos emblemáticos como el aguardiente. “El aumento del impuesto de consumo podría generar un incremento en el precio entre el 30% y el 40%”.
Al cierre, Dilian Francisca Toro reiteró el llamado al diálogo con el Gobierno nacional y subrayó que el impuesto al consumo no puede convertirse en un factor que profundice la crisis financiera de los departamentos ni ponga en riesgo la garantía de derechos fundamentales.
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