La extorsión en Buenaventura se ha convertido en una de las principales amenazas para comerciantes formales, vendedores ambulantes e incluso instituciones educativas, con cobros ilegales que oscilan entre 300 mil pesos y hasta 50 millones de pesos mensuales, según denuncias conocidas en el puerto.
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En los últimos meses, al menos dos reconocidos negocios del comercio organizado anunciaron públicamente el cierre de sus operaciones, poniendo fin a años de trabajo y generación de empleo. Aunque no lo expresaron abiertamente, la presión constante de las bandas criminales dedicadas a la extorsión habría sido determinante, al punto de obligar a sus propietarios a abandonar Buenaventura.
Extorsión crece pese a reducción de homicidios
Desde la Iglesia Católica, monseñor Rubén Darío Jaramillo ha advertido que, si bien en los últimos cuatro meses se ha registrado una disminución en homicidios y balaceras, la extorsión y el hurto han aumentado de forma significativa. De acuerdo con el religioso, este delito se ha expandido por la zona comercial del centro de la ciudad, así como por distintos barrios y comunas.
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El fenómeno se ha fragmentado territorialmente, pasando de un control centralizado a esquemas por barrios, comunas e incluso cuadras, lo que dificulta su control. Pequeños comerciantes y tenderos también son víctimas, pagando sumas mensuales que afectan directamente su sostenibilidad económica.
Un colegio obligado a cerrar
Uno de los casos más sensibles es el del colegio Liceo de Occidente, que tras 40 años de funcionamiento cerró sus puertas debido a la salida de familias que abandonaron la ciudad por amenazas y extorsiones. La disminución progresiva de estudiantes hizo inviable la continuidad del plantel.
Mientras tanto, las autoridades aseguran que mantienen acciones investigativas para esclarecer estos hechos e insisten en el llamado a la denuncia, en medio de un contexto donde el temor sigue marcando la realidad de la extorsión en Buenaventura.
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