Analizan los casos de 53 trabajadores del Hospital Universitario del Valle para que puedan ser reintegrados, pues en el momento del despido tras la implementación de la ley 550, estos no habían reportado que hacían parte del retén social.
Cuando estas personas fueron notificadas sobre la remoción de sus cargos, no indicaron que estaban incluidos dentro de la población vulnerable del lugar, como madres cabeza de familia, personas con discapacidad o próximas a tener una pensión.
Dicho personal se encontraba protegido de la ley 550 o de Insolvencia, lo cual significaba que no podían ser despedidos del lugar tras la reestructuración de la casa de salud.
Según el director del HUV, Juan Carlos Corrales, los casos de los 53 trabajadores están siendo estudiados y el 30 de noviembre tendrán respuesta sobre su solicitud.
Cabe destacar que la mayoría de estas personas hacen parte del área de servicios generales, sin embargo también hay médicos dentro de dicha lista.
Anteriormente la gobernadora Dilian Francisca Toro había manifestado que se revisaría el caso de 160 miembros del HUV, sin embargo solo se hizo el reintegro de 18 personas, dos de ellos por consideración humanitaria.
Mientras tanto, los 53 casos actuales están siendo estudiados debido a que corresponden a personas que dieron los documentos de soporte para justificar su necesidad de pertenecer al retén social.
Todos estos ajustes de personal que se han realizado en el HUV, se deben principalmente a que este fue encontrado con un déficit de más de $280 mil millones.
Además de esto, tenía una calificación de alto riesgo por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, lo que empeoraba teniendo en cuenta que los servicios de alta complejidad se encontraban casi suspendidos.
Ante lo mencionado plantearon como solución el recorte de personal, lo cual traería un ahorro de aproximadamente $36 mil millones anuales.
