En el marco de la Conmemoración del Día Nacional por la Solidaridad y la Memoria por las Víctimas, que se realizará el próximo miércoles en la ciudad de Cali, 90minutos.co habló con Andrés Mauricio Chicango, diputado vallecaucano, sobre los objetivos del evento y la situación de las víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca.
¿En qué consiste el evento de la Conmemoración del Día Nacional por la Solidaridad y la Memoria por las Víctimas?
El evento corresponde a la Conmemoración del Día Nacional por la Solidaridad y la Memoria por las Víctimas, espacio donde se contará con la participación de las víctimas del conflicto armado en el Valle, por medio de una ponencia que ellos van a realizar. Lo que se busca es llamar la atención sobre este grupo poblacional que esta tan abandonado en el departamento y que tiene tantas dificultades.
¿Quiénes harán parte del evento?
Ese día se espera contar con la presencia del defensor nacional del pueblo, Jorge Armando Otálora, el director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, el Alto Consejero para la Paz y el Gobernador del Valle, entre otros invitados.
¿Cuáles son los objetivos?
Inicialmente, como es un día donde las víctimas son las protagonistas, naturalmente hay que hablar acerca de cómo van los temas de víctimas en el Valle del Cauca. A eso hay que hacer referencia porque hay muchas fallas sobre todo de parte de la Gobernación del Valle en el tema de atención a víctimas, que se aducen a los temas presupuestales.
¿A qué se refiere con que hay fallas de parte de la Gobernación del Valle en el tema de atención a víctimas?
En primer lugar, la ley 1448 de 2011, que es la ley de víctimas que se aprobó en el Congreso de la República, establece que es obligatorio que el gobierno departamental, a través de su oficina de paz, garantice la reuniones y la participación de la mesa departamental de víctimas. El problema es que la Gobernación destinó un presupuesto de 30 millones de pesos para la atender a las víctimas, eso no se ejecutó, es decir, que ha habido cero pesos invertidos en las víctimas en esto gobierno, y eso es un tema delicado.
¿Por qué es tan delicado el no cumplimiento de la Ley de Víctimas?
Es un tema delicado porque la ley determinó que hay una comisión del ministerio público para el seguimiento de la justicia transicional, que es creada por la Procuraduría y el Defensor del Pueblo, encargados de hacer seguimiento a la implementación de la ley y determinar si se está cumpliendo o no. En el Valle del Cauca no se está cumpliendo, porque no se garantiza el desplazamiento, las reuniones, y mucho menos hay recursos para un plan de acción o algo adicional, y esto puede traer sanciones.
¿Por qué no se están destinando los recursos necesarios para la atención a víctimas en el Valle del Cauca?
El Gobernador del Valle aduce eso a falta de presupuesto, y es cierto. El Gobierno no tiene recursos propios, pero la ley dice que es obligación de los mandatarios gestionar esos recursos a nivel nacional para que se atienda a las víctimas y se garanticen las reuniones de las mesas de víctimas. Además, para las víctimas se deben hacer unas políticas públicas y desarrollar proyectos de intervención de manera diferencial en el presupuesto y en el plan de desarrollo.
Y hablando de las víctimas, ¿Cuál es el número estimado de víctimas del conflicto en el Valle del Cauca?
Las cifras hablan de 300 mil, 100 mil en Cali, 23 mil en Tuluá, 90 mil en Buenaventura y en otros lugares, pero esa cifra puede alcanzar el doble. Esto se debe a que la Corte Constitucional determinó que a las personas que son víctimas del desplazamiento interurbano también deben ser consideradas dentro de la ley. Esto quiere decir que por ejemplo en Cali, donde hay desplazamiento entre barrios, estas personas tienen los mismos derechos de acuerdo a la ley.
¿Cuál es la situación actual de las víctimas en el Valle del Cauca?
Bueno, aquí entran varios factores. En primer lugar, los procesos son muy lentos. Cuando una persona es víctima, lo primero que debe hacer es declarar ante la Defensoría, la Personería o la Unidad de Atención al Desplazado, UAO, y después de eso quien hace el análisis o el estudio es la Unidad Nacional de Víctimas. Lo que sucede es que estos procesos de reparación son extremadamente lentos, una persona que presente un recurso para un proceso de reparación administrativa, puede pasar tres, cinco, e incluso diez años esperando su reparación.
En segundo lugar, se puede decir que estas personas están cayendo en una doble victimización, ya en este caso por parte del estado. Con respecto a lo anterior, la principal queja es que la carga de la prueba se la dejan a la víctima, es decir, tiene que ir a probar que es víctima y debe solicitar una certificación del Personero Municipal del lugar del que proviene, quien en primera lugar, no es el competente para dar la certificación porque es la misma Unidad de Víctimas la que debe analizar la declaración de la víctima. Y en segundo lugar, eso obliga a la víctima a tener que volver a su municipio a que lo certifiquen y poder acceder a un proceso de reparación. Ese es uno de los principales problemas a los que se ven expuestas las víctimas del conflicto armado.