En la madrugada del 26 de marzo de 2025, las disidencias de las FARC llevaron a cabo ataques simultáneos en los municipios de Toribío, Corinto, Caldono, Santander de Quilichao y Cajibío, en el departamento del Cauca. Estos hostigamientos, dirigidos principalmente contra estaciones de Policía, generaron pánico entre la población civil.
Según Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), estos ataques podrían estar relacionados con la conmemoración del aniversario de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, exlíder de las FARC. Capaz señaló que estas acciones eran previsibles y deberían haber sido anticipadas por el Gobierno nacional.
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"Esta madrugada varios cascos urbanos municipales del Cauca sufrieron hostigamientos en acciones coordinadas y paralelas de unidades del Emc Farc"
Dijo Mauricio.
Uso de drones para lanzar explosivos
En Cajibío, se reportó el uso de drones para lanzar explosivos contra la estación de Policía, aunque no se registraron heridos. Además, en varias zonas del departamento, como Tunía, Timbío y la vía Panamericana, se instalaron vallas alusivas a ‘Tirofijo’.
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Respuesta de las autoridades y operativos de seguridad
Ante la escalada de violencia, las autoridades desplegaron refuerzos militares y policiales en los municipios afectados. Con el objetivo de retomar el control y garantizar la seguridad de la población civil. El Ejército Nacional y la Policía han intensificado los patrullajes en las zonas más vulnerables y han instalado puestos de control en las principales vías del Cauca para evitar nuevos ataques. Sin embargo, la capacidad de respuesta de la fuerza pública ha sido puesta en duda por sectores de la sociedad civil, que consideran que la violencia sigue en aumento sin una estrategia clara para frenarla.
Preocupación en la comunidad y llamados al Gobierno
La población del Cauca ha manifestado su temor ante el recrudecimiento del conflicto armado en la región. Líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad de la población civil. Han pedido al Gobierno que adopte estrategias más integrales que no solo incluyan la presencia militar, sino también programas de inversión social y diálogo con las comunidades, para reducir la influencia de los grupos armados ilegales en el territorio.
El reciente ataque en el Cauca deja en evidencia que la violencia de las disidencias de las FARC sigue siendo una amenaza latente en Colombia. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por negociar con algunos grupos armados, la realidad en el terreno muestra que muchas de estas estructuras continúan operando con fuerza y capacidad de planificación.
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