La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, visitó el municipio de Jamundí para reunirse con la alcaldesa Paola Castillo, integrantes de la administración municipal y representantes del Ministerio Público. Esto ante el aumento de la violencia y el control territorial de grupos armados ilegales en esta zona del suroccidente del país.
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La Defensoría alertó sobre el deterioro de la seguridad en Jamundí, especialmente por la expansión de las disidencias del Estado Mayor Central, en particular el frente Jaime Martínez, que ha fortalecido su presencia desde la cordillera hacia sectores rurales y suburbanos.
“Jamundí presenta un deterioro sostenido de la situación de seguridad y de derechos humanos que fue advertido por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas vigentes para el suroccidente del país."
Dijo Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo.
La situación ha generado desplazamientos, amenazas a líderes, reclutamiento de jóvenes y extorsiones
La alcaldesa Paola Castillo aseguró que el municipio enfrenta desde hace años la presencia de grupos armados ilegales y pidió mayor apoyo del Gobierno nacional. Esto para fortalecer programas sociales y prevenir el reclutamiento de menores.
“Queremos que el nuevo gobierno pueda tener una mesa de trabajo en donde construyamos de manera conjunta, desde lo nacional, lo regional y desde lo local, un plan de acción integral social.”
Expresó la alcaldesa Paola Castillo.
La personera municipal alertó sobre nuevas dinámicas violentas relacionadas con minería ilegal, cultivos ilícitos y ataques con drones en sectores rurales. Además de afectaciones a acueductos veredales y desplazamientos masivos.
La Defensora del Pueblo enfatizó que la solución no puede limitarse únicamente al fortalecimiento militar, sino que debe incluir inversión social, desarrollo rural y alternativas reales para las comunidades.
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