El cierre de servicios en clínicas y hospitales del Valle del Cauca mantiene en alerta a las autoridades, debido a la crisis financiera que enfrentan estas instituciones.
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La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, advirtió que la situación es crítica a nivel nacional. Según la funcionaria, el desfinanciamiento afecta especialmente a los servicios de alto costo, que requieren atención las 24 horas y la participación de especialistas.
“Por ejemplo, para realizar una cesárea se necesita un anestesiólogo, un ginecólogo cirujano, un pediatra, además del equipo de circulantes y auxiliares. Esto representa un alto costo en recursos humanos y físicos”
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle
Como había sido anunciado previamente, en Cali se cerró nuevamente el servicio de atención a mujeres gestantes y recién nacidos en la Clínica Farallones.
“¿Por qué lo cierran? Porque es insostenible cuando no hay un retorno suficiente para cubrir el recurso humano y los insumos necesarios. La situación es grave y seguirá ocurriendo”
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle
La crisis ya ha dejado a muchas personas sin acceso oportuno a la atención médica. Hay pacientes que llevan meses esperando una cita o incluso años para recibir la autorización de una cirugía.
Ante esta crisis, el departamento del Valle del Cauca trabaja en una propuesta para reorganizar y fortalecer la red de salud. La gobernadora Dilian Francisca Toro propuso a la Superintendencia de Salud y a los interventores de las EPS la implementación de una Red Integrada Integral de Servicios. Esta iniciativa permitiría regularizar los pagos a hospitales y clínicas por los servicios prestados.
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“El promedio de pago a estos centros es del 60% o menos. En hospitales como el de Tuluá, apenas están recibiendo el 43%. A esto se suma la nueva metodología de pagos con giros fraccionados, que ha complicado aún más la situación. Los hospitales no pueden sobrevivir con este modelo”
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
Actualmente, en el Valle del Cauca, ocho de las once EPS que operan en la región están bajo intervención, y la deuda con la red pública ya supera el billón de pesos.
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