“Los mochaban con una motosierra, los partían en pedacitos y los botaban en un costal y los tiraban al Río Cauca; allá tiraron mucha gente de los desaparecidos”.
Este es el crudo relato que hace la campesina Alba Santa sobre una de las masacres más duras ocurridas en Colombia a finales de la década de los noventa: la del municipio de Trujillo, corregimiento de La Sonora, (Valle del Cauca) en la que los paramilitares mataron una docena de personas y desplazaron a más de 500.
Allí decenas de personas fueron víctimas de homicidio, tortura, detención arbitraria y desaparición forzada, situación en la que se vieron involucrados diversos actores del conflicto como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los carteles de la droga, los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). la Policía y el Ejército de Colombia, así como las facciones políticas del orden local y regional
La masacre ocurrió entre el 22 y el 25 de septiembre de 1999 cuando un grupo de cien hombres armados de las Autodefensas de Urabá fueron a diferentes veredas de San Rafael para hacer un ajuste de cuentas.
“Mataron mucha gente por allá por Barragán y nos tocó desplazarnos”, recuerda hoy Luz Johana Tamayo en medio de lágrimas al revivir esos duros momentos.
La Fiscalía reconstruyó cómo los paramilitares usaron cuchillos, descuartizaron y enterraron a sus víctimas en fosas, las cuales fueron encontradas a los días siguientes por los familiares de los asesinados. En esa incursión mataron a las personas que aparecían en un listado de supuestos colaboradores de la guerrilla.
Cinco años después, cuando disminuyó la violencia y poco a poco, muchos de los habitantes de San Rafael retornaron a su terruño. Con una ayuda importante: la Unidad Administrativa Especializada en Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que les ayudó a retornar.
“El programa de restitución escucha la víctima y, como tal, mira qué le quitaron, dónde le quitaron y, en un proceso muy breve, hace que un juez ordene la devolución de la tierra que no sólo se limita a devolver la tierra sino también darle trabajo al campesino”, explicó el director de la Unidad, Jesús Ricardo Sabogal Urrego.
La realidad es que la violencia ocurrida por cuenta de los paramilitares no solo en el Valle del Cauca sino en todo el país ha dejado profundas huellas en el país. Con una salvedad: La ,
A la fecha se han dispersado en proyectos productivos $ 61.354.858.521 millones de pesos, beneficiando a 2.526 familias. El 49% de los proyectos productivos en tierras restituidas son liderados por mujeres.
En manos de los jueces están 13.766 casos los cuales definirán el futuro de más 600 mil hectáreas solicitadas en restitución. Al tiempo, los jueces han fallado 2.410 sentencias que resuelven 4.974 casos.
Los jueces han reconocido derechos sobre más de 3 mil hectáreas a víctimas residentes en el exterior. (29 sentencias)
Capacitación en la ruta y en generalidades del proceso a 20 consulados ubicados de Estados Unidos, Ecuador, Canadá, España, Italia, Perú, Brasil, Panamá, Venezuela y Francia.
A la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras ha finalizado trámite administrativo de 17.387 reclamaciones de tierra en cabeza de mujeres. 6.804 fallos en favor de mujeres. Según estudio de Codhes, 89,2% de las mujeres beneficiadas han podido volver a su tierra.
De 24.091 personas capacitadas en la política de restitución de tierras y en la ruta de restitución desde un enfoque de género, encontramos 11.182 que el 46% son mujeres.
El porcentaje de participación de las mujeres en el inicio del proceso está en el orden del 40% respecto del 60% para hombres; al final del proceso, con la sentencia, el porcentaje de participación de género está en el 50% – 50%.
