Ante el Juzgado 21 de Circuito con funciones de conocimiento, la Fiscalía General de la Nación acusó a Blanca Liliana Montoya Hernández, alcaldesa de La Cumbre y su esposo José Antonio Perlaza Parra, por los delitos de concusión y constreñimiento al sufragante agravado, respectivamente.
La mandataria les habría exigido dinero a empleados contratistas de la Alcaldía a cambio de conservar su trabajo. De igual manera, la Fiscalía también acusó a su esposo por haber presionado a los empleados a votar por un candidato en las pasadas elecciones del Congreso, así como el aporte de dinero para el apoyo del programa político de la alcaldesa, su esposa.
Al parecer, Montoya habría exigido el 10% del salario a contratistas de prestación de servicios de la Alcaldía de La Cumbre y el hospital municipal Santa Margarita, para poder conservar sus cargos.
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De igual modo, la Fiscalía pudo establecer que la tercera persona implicada sería la encargada de recaudar dicho dinero, asimismo, fueron identificados cuadernos y recibos con valores y nombres de quienes supuestamente accedieron a entregar ese 10%. En la documentación se encontró que este sería usado para el “apoyo al movimiento político de Blanca Liliana Montoya”.
Miembros del CTI de la Fiscalía, capturaron a la mandataria el 3 de abril del presente año, en su despacho luego de que el Juzgado 33 de control de garantías librara la respectiva orden, emitida por el fiscal del caso.
En las audiencias preliminares, se le formuló cargos por el delito de concusión y se encuentra bajo detención domiciliaria.
Ante el mismo juzgado, su esposo José Antonio Perlaza Parra, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en constreñimiento al sufragarte.
Perlaza Parra fue capturado el 11 de marzo último, durante los comicios electorales para el Congreso de la República y judicializado por la Fiscalía.
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