El alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, y el secretario de Gobierno, Luis Fernando Ramos, podrían ir a la cárcel por treinta días por desacatar una acción de tutela interpuesta por un comerciante del puerto.
La tutela fue interpuesta por Jacqueline Jiménez Alvis, representante legal de Taz inversiones del Pacífico, pues no se cumplió con los requisitos legales para la demolición del quiosco que funcionaba en el parque Néstor Urbano Tenorio, en donde se está construyendo el malecón Bahía de la Cruz.
Rubén Jiménez, propietario del establecimiento comercial, aseguró que ellos exigen garantías para reubicarlos dentro de los cuarenta locales que serán levantados en el proyecto, más no la suspensión de las obras.
“No se nos notificó el desalojo. El 23 de septiembre recibimos un acta donde se socializaba el procedimiento, pero este recurso no es legal y debe hacerse por medio de un acto administrativo expedido por el Alcalde; por eso enviamos una acción de tutela. El día 26 del mismo mes recibimos a través de la resolución 2763 la orden de desalojo y el proceso se ejecutó a las seis de la mañana del día siguiente, permitiéndonos acceder a los mecanismos de defensa”, manifestó Jiménez a El País.
Sin embargo, Édinson Bioscar Ruiz, asesor del despacho del Alcalde, afirmó que Jiménez conocía del procedimiento que se realizaría, porque no se había logrado un acuerdo para su reubicación. Bioscar agregó al mismo medio “en este momento la orden fue apelada, porque no se pueden parar las obras del Malecón Bahía de la Cruz, donde se invierten 27 millones de pesos para responder a un interés particular. El Alcalde procedió al desalojo, dado que ya estaba siendo investigado por la Procuraduría por el no desalojo de los vendedores y las regalías iban a suspenderse, pues los giros no habían sido entregados para adelantar las obras”.
