En la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, y ocho personas más involucradas, la Fiscalía les imputó dos delitos y aseguró que se presentó una defraudación de $919 millones en los seis meses de contratos firmados en el 2012 por el alcalde para la cobertura educativa.
Durante la audiencia, el fiscal le atribuyó los delitos por la celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y por peculado por apropiación a alcalde Valencia; al ex secretario de Educación Carlos Enrique Riascos; al ex asesor jurídico Ancízar de Jesús Yepes; al exjefe de la Oficina de Cobertura Yasser Valencia Saa, y a los contratistas Diana Mayerlín Riascos, Vanessa Orozco, Alberto Riascos, Pedro Marino Barahona y Rocío Valencia.
La Fiscalía contó que el alcalde Bartolo el 26 de abril del 2012 firmó los seis contratos de la ampliación de cobertura educativa por un valor de $3076 millones.
Dichos contratos no cumplían los requisitos que exige la ley, ya que ninguna de las fundaciones tenía los tres años de experiencia como lo requiere la ley. Además, el objetivo social de las estas fundaciones eran temas como el bienestar cultural o trabajar con mujeres víctimas del conflicto, mas no la educación.
El fiscal aseguró que el delito de peculado por apropiación se imputaba porque se defraudó al Estado en $917 millones
