Jueves, Abril 26 2018

.

Una muerte evitable que nos llena de vergüenza

Estefanía, la bebita perteneciente a la comunidad indígena Embera Katió murió en Cali, donde nació hace 4 meses, como consecuencia de la violencia estructural que se manifiesta en la exclusión, la miseria, el abandono del Estado y la falta de atención de las necesidades básicas en salud y vivienda digna. A la luz del derecho …

Una muerte evitable que nos llena de vergüenza

Estefanía, la bebita perteneciente a la comunidad indígena Embera Katió murió en Cali, donde nació hace 4 meses, como consecuencia de la violencia estructural que se manifiesta en la exclusión, la miseria, el abandono del Estado y la falta de atención de las necesidades básicas en salud y vivienda digna. A la luz del derecho penal, Estefanía fue víctima de un homicidio culposo, del que deberán responder, no sus padres como perversamente anunció el director de Bienestar Familiar, sino los funcionarios que por mandato legal tenían la posición de garantes y por lo tanto la obligación de brindarle atención y protección.

Hace poco más de dos años, cerca de 200 indígenas Embera Katió llegaron a la ciudad, provenientes del Departamento de Risaralda. Algunos afirman que salieron debido al conflicto armado, otros aseguran que los sacaron engañados para someterlos a la mendicidad y la explotación económica. Como sea, el grupo se instaló en dos casas de inquilinato del barrio EL Calvario de Cali, en el corazón mismo de lo que se conoce como “La Olla”, una zona similar al famoso Cartucho de Bogotá.

Las mujeres Emberás se tomaron los andenes del centro dela ciudad, en compañía de sus hijos menores y bebés de brazos, en procura de una limosna, mientras que la mayoría de los hombres realizan labores informales, para cubrir los gastos de hospedaje a razón de 10 mil pesos diarios por familia.

Este grupo de indígenas se sumó a los cientos de miles de personas provenientes de todas partes del país, víctimas del conflicto urbano y la pobreza extrema, dando lugar a las enormes franjas de tugurios y barrios subnormales que crecen sin orden ni concierto en toda la ciudad.

Mientras esto ocurre, los gobiernos locales han sido renuentes en aceptarlos con la esperanza que retornen a sus lugares de origen. En consecuencia, se multiplica el número de habitantes en la ciudad excluidos de las políticas públicas, convertidos en una especie de parias por sus mimos gobernantes. 

No es casualidad que los barrios que acusan los índices más altos de violencia sean aquellos conformados por personas desplazadas de las zonas de conflicto. Es en esos barrios y comunas donde se siente con mayor rigor esa especie de xenofobia institucional, reflejada en la ausencia de inversión social por parte del Estado. Todos presentan el mismo denominador común: falta de escuelas y colegios, calles en precarias condiciones, carencia de escenarios deportivos y de recreación, violencia infantil, violencia de género, pandillas, oficinas de sicarios, etc. En estos lugares la presencia estatal consiste, básicamente, en patrullajes policiales o militares, que en muchas ocasiones desembocan en problemas de orden público.

Ahora, en virtud de los diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Alcaldía ha tenido que atender a los desplazados, mediante lo que se conoce como ayuda humanitaria, pero en la mente de los funcionarios competentes está fija la misión de lograr que se vayan a otro lugar.  Ningún alcalde ha invertido una suma significativa o razonable en la atención de esta población, ni ha pensado en el futuro de la ciudad teniendo en cuenta a los desplazados.

En el caso de los Emberás, se les brindó este tipo de asistencia provisional, sin tener en consideración que los niños y niñas necesitaban urgentemente de asistencia y protección  y que la única manera de lograrlo era proporcionándoles un entorno saludable. Estefanía adquirió una neumonitis y al ser sometida al encierro de una habitación donde pernoctaban más de 10 personas, en condiciones infrahumanas, murió sin ni siquiera haber recibido cuidados médicos. No se trató de una muerte natural; fue, ni más ni menos, una muerte evitable si los funcionarios responsables hubieran cumplido con sus obligaciones constitucionales y legales, en lugar de pelotearse el problema, haciendo alarde de una grosera indiferencia frente al dolor humano.

Estefanía, indígena y caleña, murió víctima de la desidia y la incompetencia de una cofradía de burócratas expertos en el “peloteo”, carentes de sensibilidad social, pero sobre todo, inferiores al deber de servir que les imponen sus rimbombantes cargos. Para ellos Estefanía no es más que una estadística, un accidente imprevisto, una anécdota desagradable. Pero si la denuncia penal por su muerte llega a manos de un fiscal acucioso, tal vez se les convierta en una pesadilla.

 

Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo. Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

Noticias Relacionadas