Jueves, Junio 21 2018

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Un anhelo

  Santoyo y paramilitarismo: un nudo por desenredar   Es, por estos días, la gran noticia. Y es posible, parafraseando a Héctor Lavoe en su canción “Periódico de ayer”, que sea una noticia extraordinaria que salió en la madrugada, al mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Algo así como todo lo …

Un anhelo

 

Santoyo y paramilitarismo: un nudo por desenredar

 

Es, por estos días, la gran noticia. Y es posible, parafraseando a Héctor Lavoe en su canción “Periódico de ayer”, que sea una noticia extraordinaria que salió en la madrugada, al mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Algo así como todo lo que pasa en este país.

Mauricio Santoyo Velasco no fue un policía normal requerido por la justicia norteamericana por auxiliar a los paramilitares, fue un alto oficial en el grado de General. Al mismo tiempo, el ex jefe de Seguridad del ex Presidente Uribe. Un cargo muy importante porque es la persona que vela por la integridad física del mandatario y la de su familia. Es decir, alguien muy cercano y de toda confianza.

Y es que Santoyo Velasco conocía muy bien el expresidente Uribe, así éste lo niegue. A partir de 1996, con el grado de Coronel, fue jefe del Gaula en Medellín. Al mismo tiempo, Uribe era el Gobernador de Antioquia. No es fácil explicar quién era el maestro y quién el alumno en el arte de interceptaciones ilegales, ya que a Santoyo la Procuraduría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos exactamente por chuzar teléfonos en esa época. Lo mismo que ocurrió en el periodo presidencial de Uribe. ¡Qué coincidencia! Aun así, inhabilitado el Coronel, es nombrado en el 2002, jefe de seguridad del expresidente. Más tarde es ascendido a General y, como si fuera poco, termina su “noble” carrera militar en Italia, como agregado policial. Todo un prócer.

Creo que el asunto no es sólo Santoyo. Estoy convencido que éste deberá aclararle al país muchas situaciones, tendrá que confesar quiénes eran sus aliados, militares, exmilitares, políticos, empresarios, ganaderos, entre otros. Pero creo que el asunto va más allá. Es imperioso hoy volver sobre un tema que en Colombia sigue siendo para muchos un fenómeno de poca monta y del pasado, incluso algunos patricios esperarían un alzhéimer colectivo, pero volver sobre él nos puede ayudar a revelar este camino de crisis y violencia política: el paramilitarismo.

Este fenómeno nace en Colombia en los primeros años de 1980 y sólo una década después, con las investigaciones adelantadas desde la academia, se comienza a conocer de la manifestación armada más violenta que ha tenido el país, aún mucho más cruenta que otras, como las de las guerrillas. Los primeros investigadores enfrentarán un problema de tipo semántico: el de cómo nombrar tal fenómeno. Para las autoridades oficiales se trataba de “grupos de justicia privada”, para los militares, “grupos de autodefensas” y para las primeras voces críticas, eran “paramilitares”.

El Magdalena Medio es la zona geográfica donde brotará la segunda generación del paramilitarismo. La primera generación surgió como “grupos de autodefensas” legítimamente constituidas por el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, aparentemente defendiendo a los colombianos de los “facinerosos” que la Violencia política de los cincuenta había dejado como herencia. La segunda, tiene como origen el problema agrario, todavía hoy sin resolver en Colombia. Los analistas fijan allí su atención y descubren un maridaje nefasto: latifundistas y narcos.

Estos últimos, bien o mal llamados “nuevos empresarios”, lavarán sus jugosas ganancias, producto del comercio de cocaína, comprando miles de hectáreas de las mejores tierras del Magdalena Medio, particularmente en la zona de Puerto Boyacá. “Capos” que enfrentarán, al igual que agricultores y ganaderos, el boleteo, la vacuna y el secuestro de los grupos guerrilleros allí ubicados. Tierra y comercio de cocaína robustecerán el proyecto contrainsurgente alrededor de la Asociación Campesina de Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), con el sustentáculo de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.

Estas primeras pesquisas sobre el fenómeno paramilitar arrojaban un primer supuesto: surge el paramilitarismo como parte de la táctica contraguerrillera del Estado y sus Fuerzas Militares y evoluciona con la llegada de los narcos. Una década más tarde, con las transformaciones del fenómeno paramilitar, producto de la penetración de los capos de la droga, las investigaciones abordan las dinámicas particulares de ciertas regiones del país.

Allí se examinan aspectos como la organización de la táctica paramilitar, la resistencia frente a procesos populares, las coaliciones con políticos locales y su crecimiento geográfico, entre otros elementos. La mayoría de estas investigaciones destaca el aspecto político del fenómeno. Con la Masacre de Mapiripán en 1997, cuando los paramilitares se autoproclaman, en cabeza de Carlos Castaño, el tercer actor armado del conflicto colombiano, surge un nuevo debate entre los analistas: si el fenómeno paramilitar es efectivamente “autónomo” con respecto al Estado o si es un apéndice más en la lucha contrainsurgente.

La mayoría de los analistas, del periodo de finales del siglo XX y principios del XIX, se concentran en el papel del Estado frente al fenómeno, por esclarecer la verdadera fuerza militar del Estado en la lucha contrainsurgente, en examinar el grado de involucramiento estatal con el paramilitarismo en sus diferentes niveles y en escrutar el real origen y subsistencia del fenómeno paramilitar.

Más tarde, en el 2003, con el proceso de desmovilización, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, permitió a los estudiosos del tema penetrase en aspectos pocos conocidos sobre la relación entre paramilitarismo, narcotráfico y otras fuentes financieras. Entre ellas, los estudios concentran las siguientes fuentes: aportes discrecionales y obligados a propietarios, ganaderos, agricultores, comerciantes y empresarios, el seguimiento y administración de recursos públicos de municipios y departamentos, la extorsión, actividades ilegales y delincuenciales como el narcotráfico y el secuestro, la expropiación violenta de tierras a campesinos, contrabando terrestre, hurto de gasolina y vehículos, el testaferrato y la imposición de vacunas a las trasnacionales.

Otras investigaciones evolucionan aquel juicio que ataba al paramilitarismo con la concentración de la propiedad de la tierra. Los paramilitares no acumularon tierra como un fin en sí mismo ni para proteger sus patrimonios individuales, sino que el control territorial dependía de la edificación de un proyecto político que “refundaría” el Estado colombiano.

Justamente, no creo que con Santoyo se descubra la real magnitud de este fenómeno y de sus reales actores. Santoyo será uno más en la lista interminable de casos que todavía están por conocerse sobre el paramilitarismo, dará pistas y será clave para esclarecer algunas situaciones. Pero el paramilitarismo como fenómeno social y político es mucho más obscuro y por ello la memoria de los colombianos tiene que servir de faro para poner en claro este fenómeno de sangre, expoliación, desplazamiento y rapacidad de los recursos públicos.

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