Martes, Diciembre 18 2018

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Un Anhelo, por Guido Hurtado

  El fracaso de un sistema económico   En 1992 Francis Fukuyama publicó el controversial libro “El fin de la historia y el último hombre”. En éste esboza que ante la caída del Muro de Berlín y los otros acontecimientos “que enterraron” al comunismo, se había dado inicio a un mundo basado en la política …

Un Anhelo, por Guido Hurtado

 

El fracaso de un sistema económico

 

En 1992 Francis Fukuyama publicó el controversial libro “El fin de la historia y el último hombre”. En éste esboza que ante la caída del Muro de Berlín y los otros acontecimientos “que enterraron” al comunismo, se había dado inicio a un mundo basado en la política y la economía neoliberal. La lucha entre las ideologías había acabado, ya no eran necesarias, y fueron sustituidas por la economía. Así pues, los países capitalistas serían el modelo de una verdadera sociedad sin clases y sin crisis.

En el 2008 el capitalismo mundial vivió su primera crisis del nuevo siglo. Los EE.UU. y Europa la sufrieron de primera mano. Poco pudieron hacer sus bancos centrales para advertirla y enfrentarla. La salida, medidas de austeridad y menor gasto público. Dinamarca, Francia, Alemana, España y Grecia dan cuenta de ello. Hoy las repercusiones mundiales están a la orden del día.

Un político y un economista, Mário Soares y Jorge Beinstein, entre otros, coinciden y aseguran que la crisis mundial no sólo es económica y financiera, sino también energética, alimentaria y ambiental. Otras perspectivas plantean que la crisis también es cultural.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el 80 % de la electricidad del mundo, se produce empleando combustibles fósiles y el 75 % del consumo energético del planeta se sostiene por el uso de éstos. El consumo de la energía crece con el aumento de la población. Más aún, el sistema económico mundial está basado en el uso de estos combustibles. Actualmente no existe un combustible que los remplace y menos una tecnología capaz de absorber las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

El uso de combustible fósil produce los Gases Efecto Invernadero (GEI)  que aceleran el cambio climático. Según informes de la misma Agencia, la concentración de CO2, a principios de marzo de 2010, marcó un nuevo récord histórico, demostrando un crecimiento de los niveles atmosféricos de CO2 de 393,71 partes/millón, respecto a la medición realizada durante el mismo mes del año anterior que resultó ser de 393,17 partes/millón. Concluye la AEI que el incremento de la concentración de CO2 continuará en los siguientes años.

En temas alimentarios una de las principales conclusiones del estudio de la FAO, World Agriculture Towards 2015-2030, concluye que “si no se adoptan las medidas correctoras necesarias, no será posible alcanzar el objetivo establecido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 de reducir a la mitad la cifra de personas desnutridas en 2015. Sólo con un enorme esfuerzo por mejorar el desarrollo global será posible liberar a los países en desarrollo de sus problemas más acuciantes de inseguridad alimentaria.”

La ilusión conservadora que sigue esbozando esta crisis como un ciclo más dentro del sistema capitalista esta mandada a recoger. Y todo porque ante el proceso de crisis de sobreproducción, al menos mitigado, se fue creando un universo de devastación energética, ambiental y agrícola que hoy, paradójicamente, están engullendo al mismo  sistema capitalista. 

Así, que la tesis central de Fukuyama se resquebraja cada vez más. La solución no es la de un modelo económico neoliberal. Si bien es cierto el comunismo fracasó, pero el capitalismo no se ha quedado atrás. Este último, no solo ha perpetrado la pobreza e inequidad en millones de habitantes, sino que es responsable de toda la dimensión de la crisis del planeta entero.

Y de frente a este incierto panorama voces como la de Alain Touraine  alienta la capacidad de salvar el planeta. Para este sociólogo los ciudadanos del mundo debemos tomar conciencia y romper el silencio, en caso contrario la crisis se profundizará aún más. “Las soluciones existen, en el plano económico, la ecología política da respuestas frente al suicidio colectivo; en el plano social y cultural, el mundo feminista se opone a las contradicciones mortales de un mundo que sigue dominado por los hombres y en el terreno político, la idea novedosa es, más allá del gobierno de la mayoría, la del respeto de las minorías y su reconocimiento.” (La crisis dentro de la crisis. 2010).

La respuesta a la crisis está pues, en la capacidad de continuar fortaleciéndonos como sociedad civil y lograr desarrollar estrategias creativas y profundas capaces de persuadir la razón de quienes aspiran cada día a ser más ricos y poderosos. Estimular una sociedad civil que tenga la capacidad de enfrentar este sistema económico monolítico y perverso en aras de salvar el planeta, y con él la especie humana.

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Un Anhelo, por Guido Hurtado

 

Venezuela y sociedad civil

 

América Latina tiene un pasado común de conquista, colonia y república. Las dos primeras épocas protagonizadas por el otrora imperio español. La tercera, protagonizada por los imperios inglés y norteamericano. En suma, un pasado y presente definido por ciclos imperiales. De tales ciclos nace la nueva clase social que ha de continuar por la senda imperial de expoliación y miseria: la burguesía latinoamericana. Dictadores disfrazados con ropaje de civiles que fundaron “democraduras”, a decir de Eduardo Galeano “democracias hipotecadas a las dictaduras”.

A finales de 1970, los organismos económicos internacionales esbozaron que la superación de los problemas de la pobreza y del éxito de los planes de desarrollo dependían, no sólo del esfuerzo de los gobiernos nacionales y de la calidad de la planificación, sino además, de una muy dinámica intervención de la sociedad. Y para definir tal intervención, al concepto sociedad se le añadió el apellido civil.

La sociedad civil es una construcción social y política relativamente nueva. Concebida como la esfera social autónoma del Estado y del mercado, en las que las agrupaciones civiles y movimientos sociales se movilizan por salvaguardar y ampliar la vigencia de todos sus derechos y penetrar la democracia. Copiosos artículos explican que la sociedad civil brota con mayor nitidez en los últimos tiempos, en oposición a proyectos políticos autoritarios y en un contexto de luchas civiles por la democracia. ¿Cómo leer lo anterior en el actual caso de Venezuela? Intentaré aquí elaborar una hipótesis que sirva como posible camino para pensar tal escenario.

La historia republicana señala que en Venezuela la construcción del Estado Nación ha sido vertical, de arriba hacia abajo. Las elites regionales se agruparon en el plano nacional, dirigidas por unas burguesías que giraban alrededor de la producción, explotación y exportación del petróleo, y que lograron imponer sus políticas neocoloniales.  Sumado a lo anterior, el papel de un Estado débil, cooptado por estas burguesías, con  una contribución muy limitada en los procesos de desarrollo cultural, social y económico.

A partir de 1961 se dan elecciones libres. Presidentes como Raúl Leoni, Rafael Caldera –dos veces-, Carlos Andrés Pérez –dos veces-, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi conforman la lista de los ganadores. El restablecimiento del sistema democrático en Venezuela, a partir de ese año, permitió el gobierno de una elite política y económica que llevó condiciones de miseria y pobreza a sus ciudadanos. Gobiernos con vestidura de democracia que se dedicaron a desfalcar el tesoro público. Gobiernos que aseguraron la riqueza de unos pocos, de sus familiares, de sus allegados y de sus clientelas.

Durante esos años de supuesta democracia en Venezuela la inequidad tiene nombre: una oligarquía blanca incapaz de pensar en el bien común por encima del interés particular. Las consecuencias de este malogrado proceso democrático fueron: en 1989 el famoso “Caracazo”, en 1992 el intento de golpe militar del Coronel Chávez, en 1994 la fuerte crisis bancaria y, finalmente, el triunfo electoral de Chávez en las elecciones de 1998.

Tras una reforma constitucional, en 1999, Chávez se ha mantenido durante 13 años construyendo un imaginario social en los ciudadanos venezolanos que el enemigo común a derrotar es esa oligarquía corrupta que se enquistó por décadas en el poder y que hizo de Venezuela un país contradictorio: rico en grandes reservas de petróleo, pero pobre socialmente, porque los grandes recursos generados por su explotación se quedaban en unos pocos y no llegaban a la mayoría de la población.

Ello justifica mantener viva la Revolución Bolivariana. Esa ilusión surtió otra vez efecto en la mayoría de los que la respaldan, en consecuencia el pasado 6 de octubre más de siete millones cuatrocientos mil venezolanos salieron a respaldarlo.  

En Venezuela una la mayoría de la población respalda un gobierno autoritario que se autoproclama como democrático, pero que realmente es autoritario y para la muestra cuatro botones: Chávez torció en la Constitución a su favor. Se ha valido del absoluto poder para maquinar decisiones judiciales. Utiliza y somete los medios de comunicación para vender su proyecto político. Y se vale del dinero público para comprar conciencias.

Me pregunto: ¿Y la sociedad civil qué? ¿Si el papel de ésta se explica por la oposición a proyectos políticos autoritarios en un contexto de lucha civil por la democracia, entonces qué pasa en Venezuela? Vislumbro que en la hermana república no se ha logrado construir una sociedad civil fuerte capaz de sospechar que detrás ese proyecto político se esconde un sistema autoritario -que ha sido común en nuestra historia política- y que, esencialmente, pone en peligro la posibilidad de construir otro sistema más democrático y más justo. Seguro entonces que a los venezolanos les esperan seis años, de más de lo mismo.

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Un Anhelo, por Guido Hurtado

 

La Ley de Víctimas y de Restitución de tierras, un primer paso para saldar una deuda moral

 

La Ley de Víctimas y de Restitución de tierras, aprobada por el Congreso en junio del 2011 es, según el Presidente Juan Manuel Santos, la deuda moral que tiene el Estado colombiano con los sacrificados de esta larga y cruel violencia colombiana. Expresa ésta que “las víctimas del despojo y las que hubieren abandonado sus predios forzadamente, tendrán acceso a medidas especiales de restitución de tierras”.

Así que es entonces un primer paso para echar a caminar el tema del reconocimiento de los derechos de las víctimas. Y es el primer paso ya que para su proceso de ejecución se tendrán que solucionar por lo menos las siguientes dificultades:

La primera dificultad se explica desde el siguiente contexto: la violencia colombiana ha tenido como escenario prioritario las zonas rurales y ha hecho a su población indígena, negra, campesina y colonizadora sus víctimas. En la década de 1980, Colombia presenta altos índices de violencia a causa de la ola de terror desatada, entre otros, por los carteles de la droga en su lucha contra el Estado (en 1985 se calculó una tasa de 40 homicidios por cada cien mil habitantes que aumentó a 80 en 1991. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1993. Minsalud, 1997). Lo que muchos no advertían era que detrás de ese terror, el narcotráfico había iniciado un sistemático blanqueo de sus fortunas vía compra tierras, mediante la coacción. Algunos académicos e investigadores lo nombraron como la contrarreforma agraria.

Para el mismo tiempo, los grupos guerrilleros habían convertido extensos territorios periféricos en sus elementos de poder. Tierras usurpadas en las cuales comenzó a consolidarse el negocio que los convertiría en fuertes actores del conflicto armado: la siembra y producción de coca. De esta manera, la violencia y el conflicto armado acompañan la irrupción de cultivos ilícitos en las zonas de colonización, junto a procesos intensos de desplazamiento forzado de pobladores rurales.

A finales del siglo XX los contrarreformadores fueron otros: los paramilitares. Un grupo militar armado compuesto por algunos terratenientes, políticos, industriales y narcos, y que con la complicidad de algunos de los miembros de las fuerzas militares y de policía enfrentaron el ataque de las guerrillas. Los paramilitares despojaron, a sangre y fuego, a miles de campesinos de sus tierras, la mayoría de ellas para consolidar proyectos productivos de escala capitalista. La larga lista de masacres y el desplazamiento forzado que produjeron es un ejemplo de ello.

Precisamente, el enorme problema está en que en medio de narcos, guerrilleros y paras se han mimetizado algunos terratenientes legítimamente organizados, que son hoy los dueños de muchas de esas tierras despojadas. Propietarios que serán un elemento incompatible y estratégico de poder en el momento de echar a andar La Ley de Víctimas y de Restitución de tierras, puesto que no estarán dispuestos a entregar las tierras, que ellos legalmente dicen tener. Ya que la tierra continúa siendo un factor especulativo acumulador, en lugar de ser un bien de producción.

En ese sentido, la segunda dificultad que afrontarían los ejecutores de la Ley es el de precisar el número total de desplazados y de hectáreas de tierras robadas a sus legítimos propietarios por los actores armados del conflicto. Según el ACNUR en su balance de la política pública para la atención integral de desplazamiento forzado en Colombia, para abril 21 de 2007 se han registrado en el RUPD 2´054.733 personas desplazadas. Calcula este mismo organismo que para 2010 la cifra puede estar en 3.4 millones de desplazados. Hasta mayo de 2010, la Agencia Presidencial para la Acción Social, estimó que cerca del 70% de estas personas tenían vínculos con la tierra como propietarios, tenedores u ocupantes.

De igual manera en el boletín de agosto de 2010, el ACNUR afirma que si bien no hay una cifra precisa sobre la cantidad de tierra desplazada, diversos organismos de Estado y otras particulares han realizado estimaciones que están entre 4 y más de 6 millones de hectáreas. En un informe de la Revista Semana de septiembre de 2010, el Movimiento Nacional de Víctimas las estima en 10 millones; la Comisión Sobre Desplazamiento Forzado en 5.5 millones; la Contraloría General de la Nación en 2,9 millones; y el Ministerio de Agricultura, en 2 millones.

Una tercera dificultad es que no se trata únicamente de indemnizar. Se trata al mismo tiempo de crear un modelo de desarrollo de economía rural. Esto es, una economía campesina por fuera de las lógicas del capitalismo mundial integrado y centrada en una cadena de producción de bienes agrarios de la canasta alimenticia de los consumidores colombianos. En suma, la puesta en marcha de un dinámico comercio interno que les garantice a los campesinos, y a quienes se les restituiría la tierra, los ingresos necesarios para alcanzar una vida digna. Sin embargo, otra pregunta a resolver es ¿cómo lograrlo cuando el gobierno colombiano acaba de firmar el TLC con los EE.UU. y Corea y viene negociando otros tratados de libre comercio que erosionan las economías de los pequeños productores asentados en Unidades de Producción Agropecuarias Familiares y que favorecen las economías de los grandes latifundistas?

Así sea que tal Ley se constituya en el paso inicial para que verdaderamente la dignidad de millones de colombianos ultrajados por las múltiples violencias deje de ser una simple alucinación.

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¿Para qué ser un país minero?

La opinión pública en general señala a Colombia como un país minero. Claro que lo es. En las últimas tres décadas el aporte de la explotación minera a la economía colombiana ha ido en aumento. Según cifras del primer Anuario Estadístico Minero Colombiano, publicado en el 2009, entre el año 2003 y el 2007 la producción de carbón aumentó en un 39.72%, al pasar de 50 millones de toneladas a cerca de 70. Los Metales del Grupo de Platino mostraron una producción total de 156.8 toneladas (oro 115.2, plata 36 y platino con 5.6 toneladas). En suma, el valor total de las exportaciones de este sector en el año 2009 fue de 39 mil millones de dólares (incluye hidrocarburos).

Frente a este panorama tan “presuntuoso”vale la pena indagar el grado de participación que tiene el Estado colombiano en tanta riqueza. A finales de 1976, se firmó el contrato de asociación entre Carbocol S.A. (empresa estatal) e Intercor (filial de Exxon Mobil), para la exploración, construcción y producción de carbón en la península de la Guajira. En el año 2000, el 50% de la participación del Estado, en tan espléndido negocio, se vendió. Hoy el único dueño de la explotación de las minas de carbón es el consorcio integrado por compañías subsidiarias de BHP Billiton. Enfatizo, no el Estado colombiano.

En Montelíbano, Córdoba, está ubicada la mina de Cerro Matoso. El único yacimiento de explotación de níquel en Colombia y el segundo de mayor producción mundial de ferroníquel. Los especialistas lo nombran como un proyecto integrado de minería a cielo abierto, fundición y refinación en movimiento, que produce 50 mil toneladas anuales. Según el Anuario Minero, las exportaciones mineras tradicionales (carbón y ferroníquel) representaron el 32.17% del valor total de este sector. Adivina adivinador ¿Quién es el dueño de la mina? Nada menos que el consorcio BHP Billiton. Y pretende este consorcio extender el contrato de explotación por 30 años más. El Estado colombiano está por fuera del negocio, recibiendo unas nimias regalías por la concesión y enfrentado un enorme problema ambiental y social.

Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energético del Ministerio de Minas y Energía, los Metales del Grupo de Platino se encuentran generalmente asociados a la explotación de oro y plata. En los años 2002 y 2003, Colombia fue el séptimo productor de platino en el mundo, el tercero en el hemisferio occidental y el primero en América Latina. Según cálculos en el 2009, las exportaciones de este grupo ascendieron a 10 mil millones de dólares. Aun así, las empresas que exportan estos minerales no son nacionales. Un dato que no se encuentra es el de la producción esmeraldera, el informe del 2009 no lo considera. Muy extraño. Debe ser porque su explotación está en manos de personas non sanctas.

La minería se ha consolidado en el sector productivo que reviste mayor interés en la economía colombiana. El capital de inversión extranjera directa desde el 2000 al 2010 ascendió a 557 mil millones de dólares aproximadamente. A pesar de lo anterior, el punto central no radica solo la inversión extranjera. El problema principal reside en dos aspectos. El primero, en que es una inversión fundamentalmente extractiva, sin procesamiento local, cuyas utilidades no se reflejan en ingresos estatales acordes, y sobre todo en reinversión social local. El segundo, en los impactos ambientales, agrupados en aspectos como la minería ilegal, la ineficiencia de los organismos del Estado en aplicar las normas y en la falta de concientización de las empresas frente a la excelencia medioambiental. El Valle del Cauca conoce muy bien y de cerca la situación de la minería ilegal y las consecuencias medioambientales ocurridas en Zaragoza.

De frente a lo anterior, expresa el gobierno nacional que dentro de la actual política minera hay lineamientos orientados a estrategias sectoriales. Uno de ellos es la promoción del país minero (que llevamos por dentro, pero que se va pa´ fuera). Tal estratagema pretende promocionar e insertar a Colombia en el contexto internacional. ¿Ya no está inserto en el contexto mundial? Lo pregunto porque las compañías que explotan la riqueza minera no son estatales, son transnacionales. Y vuelvo a preguntar: ¿de qué sirve ser un país minero? Saquen sus conclusiones.

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