Jueves, Diciembre 13 2018

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Tema Aparte, por Élmer Montaña

  Buenaventura, una historia de nunca acabar   Buenaventura es una ciudad anclada en el pasado, la miseria y la violencia. Durante décadas el “bello puerto de mar” ha sido coto de políticos corruptos de todas las corrientes. Ningún alcalde escapa a los señalamientos por malos manejos y apropiación de los dineros públicos, pero, salvo …

Tema Aparte, por Élmer Montaña

 

Buenaventura, una historia de nunca acabar

 

Buenaventura es una ciudad anclada en el pasado, la miseria y la violencia. Durante décadas el “bello puerto de mar” ha sido coto de políticos corruptos de todas las corrientes. Ningún alcalde escapa a los señalamientos por malos manejos y apropiación de los dineros públicos, pero, salvo alguna excepción, todos han salido airosos de las investigaciones. El Concejo Municipal, jamás ha cumplido con la tarea de ejercer control político y permanece narcotizado por las migajas burocráticas y contractuales que les lanzan los mandatarios de turno.

Durante las década de los 80 y hasta finales de los 90, los carteles de la droga causaban el mayor número hechos violentos por enfrentamientos internos y el control de las rutas hacia el exterior. Luego las FARC ejercieron un mayor control sobre la vía al mar, extendiendo sus dominios desde el corregimiento de Córdoba hasta el kilómetro 18, en las goteras de Cali. Las continuas emboscadas y enfrentamientos con la fuerza pública, la quema de vehículos, los secuestros masivos o pescas milagrosas, encendieron las primeras alarmas. De nada valió el llamado de auxilio que hicieron en su oportunidad las organizaciones de derechos humanos y la iglesia católica.

Mientras el caos aumentaba, los jóvenes encontraron en la guerrilla su principal fuente de ingresos. Muchos abandonaron sus labores habituales en el campo para llevar a cabo tareas de inteligencia y facilitar el secuestro de turistas que visitaban los paraísos naturales a orillas de los ríos Dagua, Sabaletas y San Cipriano. Inclusive se conoció de plagios de visitantes cometidos en la Bocana, Ladrilleros y Juanchaco. Por un secuestro un muchacho recibía entre 5 y 10 millones de pesos, convirtiendo el delito en un oficio irresistible.

El proyecto paramilitar no se hizo esperar. A finales de los 90 empezaron las masacres contra la población civil, en el marco de la estrategia de sembrar terror en la comunidad para quitarle el apoyo social a la guerrilla. Cuentan las víctimas que las primeras acciones fueron cometidas por miembros de la Fuerza Pública a nombre del supuesto Bloque Pacífico de las Autodefensas.

Algunos dirigentes y empresarios del Valle del Cauca, creyeron que esa era la solución para cuidar sus fincas de veraneo y garantizar la movilidad por la vía al mar. Sin medir las consecuencias pactaron con los secuaces de los Castaño la creación del Frente Calima de las Autodefensas.

Guerrilleros y paramilitares fortalecieron sus ejércitos con los mismos pobladores. Los bandos marcaron sus territorios dentro y fuera de la ciudad. En muchas familias sus integrantes quedaron convertidos en enemigos. Aún se escucha la historia de un muchacho vinculado con los paras a quien obligaron a ajusticiar a su hermano guerrillero.

De nada valieron las denuncias sobre la barbarie. El Estado descargó la responsabilidad en las organizaciones de víctimas, que a la postre terminaron convertidas en realizadoras de eventos y productoras de informes que solo sirven para engalanar las bibliotecas de los funcionarios del Estado y justificar el pedido de ayuda internacional.

La desmovilización del Bloque Calima permitió que los paramilitares de Buenaventura cambiaran de nombre. A partir de ese momento y hasta ahora son las “Bacrim”, por mandato de la ley.

Pese a todo, los políticos locales han logrado sobrevivir indemnes gracias al respaldado de las organizaciones armadas en pugna, que a la hora de saquear y traficar superan cualquier barrera. Estos mercaderes de la política, tan criminales como sus aliados, seguirán depredando a sus anchas, corrompiendo a los electores para elegirse entre ellos mismos y alimentándose de la miseria, mientras el país siga indiferente y el Gobierno solo utilice a Buenaventura para estampar los folletos de La Alianza del Pacífico, cuyas reuniones, por vergüenza, realiza en Cartagena.

 

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Tema Aparte, por Élmer Montaña

 

Aún no hemos tocado fondo

 

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo puso a Cali en la lista de poblaciones con alto riesgo debido a la situación de violencia generada por la presencia de bandas criminales.

A despecho de quienes viven preocupados por la imagen de la ciudad y no por la solución de sus problemas sociales, la Defensoría sacó a la luz pública que los barrios periféricos están asediados por "Los Rastrojos" y "Urabeños", que se disputan el territorio y el 'ejército de reserva' de delincuentes que integran las 134 pandillas que operan en 17 de las 22 comunas de la ciudad.

Hay que reconocer que el problema es de vieja data y que el alcalde Guerrero heredó una ciudad insegura y caotizada, sin embargo, esto no sirve de excusa porque uno de los compromisos de su campaña fue precisamente dar seguridad a los caleños. Sin embargo, el actual mandatario, al igual que sus predecesores, terminó dándole más importancia a las estadísticas que a la realidad, trabando insulsas discusiones con los órganos de control sobre las cifras de homicidios.

Como en la Patria Boba, algunos dirigentes locales pelean por fruslerías, mientras las bandas criminales crecen y consolidan su terrorífico poder. Es lamentable que no entiendan la dimensión del problema que enfrenta la ciudad debido a la pobreza extrema, el desempleo, la desescolarización y las acciones violentas del crimen organizado.

El Gobierno comete un grave error buscando excusas y justificaciones. No comprende que los delincuentes se alimentan del miedo y las dubitaciones de las autoridades y que saben muy bien que no corren peligro si los enfrentan con palabrerías y discursos de ocasión.

Nos hemos pasado los últimos años negando la realidad o disfrazándola. Llegamos a creer que unas cuantas obras suntuosas cambiarían el destino de la ciudad y descuidamos a nuestros niños, le dimos la espalda a los desplazados, nos conformamos con una precaria administración de justicia y permitimos que la corrupción penetrara en todas las entidades del Estado.

Los caleños no nos hemos decidido a convertir en un propósito común el rescate de la ciudad de manos del crimen, tampoco somos conscientes que mientras haya violencia y desigualdad no es posible el desarrollo.

De igual manera hemos sido tibios y medrosos en denunciar el perverso maridaje entre los delincuentes y las autoridades encargadas de combatirlos.

Resulta lamentable que mientras la crisis se agrava, el Gobierno local insista en afirmar que hoy nos sentimos más seguros que antes. Tal parece que los ilustres funcionarios viven su propia realidad, ajena a los sobresaltos y miedos que atormentan al ciudadano común que asume con resignación la calidad  de victima potencial de los delincuentes.

Ahora bien, si el objetivo fundamental de la actual administración es cambiar las percepciones bastan los discursos, las acciones publicitarias, y las encuestas de opinión en los sectores privilegiados de la ciudad. Pero nos resistimos a creer que todo apunte en esa dirección. Las percepciones son subjetivas, engañosas y cambiantes. Puede que al ver militares en la calle nos sintamos seguros, pero basta que se cometa un crimen atroz en la ciudad para que la sensación de seguridad desaparezca y nos sintamos vulnerables.

Abrigamos la esperanza que el mandatario municipal cumpla su palabra de transformar positivamente la ciudad. Para eso es necesario que escuche el clamor de amplios sectores que le exigen mayor inversión social, medidas contundentes como el desarme permanente, apoyo a los órganos de investigación y judicialización y una lucha frontal contra la corrupción, entre otras cosas.

Aún no hemos tocado fondo, pero la crisis se agrava por la ineficacia del Estado y la indiferencia social.

No hay que esperar el milagro del cambio, hay que provocar que las cosas cambien.

@elmermontana

 

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La "Diosa" Piraquive

 

El escándalo provocado por María Luisa Piraquive mostró al país que su prestigiosa iglesia y movimiento político MIRA, es en realidad una secta oscura y siniestra, donde practican oprobiosas discriminaciones contra las personas discapacitadas y que en lugar de ser una mujer perfecta, pastora, apóstol, madre suprema, papisa, enviada de dios y única interlocutora terrenal del espíritu santo, como la califican sus seguidores, se trata de una hábil empresaria que defiende la imagen de sus promotores, como lo hace cualquier franquicia de venta de hamburguesas.

En Colombia existen miles de iglesias y cultos, creadas al amparo de la Constitución y la Ley, muchas de las cuales no son otra cosa que organizaciones dedicadas a desplumar incautos, con la ridícula amenaza del fuego eterno.

Gracias a esta protección legal gozan de enormes privilegios como exención de impuestos y la posibilidad de recibir donaciones del Estado. También tienen derecho a crear sus propios reglamentos internos, lo que ha permitido que algunas impongan reglas absurdas y discriminatorias, como ocurre en el MIRA, pero también las hay que promueven el derecho de los hombres a castigar a su mujeres con la vara (de madera), otras convencen a sus fieles que las doncellas deben ser ofrendadas a sus pastores, como ocurrió en Nariño, y no falta quienes prediquen desde el pulpito que la única ley que hay que obedecer es la ley divina.

La libertad de cultos no puede convertirse en excusa para pisotear el Estado de Derecho y violar los derechos humanos de las personas que van en busca de consuelo y guía espiritual. El Ministerio de Justicia tiene la obligación de cancelar la personería jurídica de las iglesias que violen la ley en materia grave, como ocurre con las demás fundaciones y corporaciones. Pero es seguro que no lo hará, especialmente en esta época electoral, porque los fieles son votantes disciplinados y como diría un ex presidente lo que cuenta es el voto no el votante.

Si en pleno siglo XXI, no obstante los adelantos de la ciencia y la tecnología, son alienadas millones de personas en este país con cuentos de la edad media, significa que le asisten sobradas razones a quienes calificaron recientemente  la educación colombiana como una de las peores del planeta. 

Al igual que los malos gobernantes, las sectas se alimentan de la ignorancia del pueblo y mientras reine oscuridad cualquier lunática puede erigirse en diosa.

La manera efectiva para evitar la proliferación de sectas encaminadas al enriquecimiento personal de sus líderes o a la manipulación indebida de sus seguidores con fines políticos o de cualquier orden, es mediante el mejoramiento del sistema educativo, que permita, ante todo, la formación de personas autónomas y con capacidad de discernimiento.

Si adultos consienten que los asusten con el 'coco' y califican como "divino" el rostro de doña MARÍA LUISA PIRAQUIVE, es porque algo anda mal, muy mal.

@elmermontana

 

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  Los patrones de la cabalgata   Durante la cabalgata del pasado 26 de diciembre sucedió un hecho inédito que sirve para comprender lo que está sucediendo en la ciudad. A la hora prevista por los organizadores oficiales salieron las autoridades locales y de policía montando hermosos corceles. El grupo terminó en solitario el recorrido, …

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Los patrones de la cabalgata

 

Durante la cabalgata del pasado 26 de diciembre sucedió un hecho inédito que sirve para comprender lo que está sucediendo en la ciudad. A la hora prevista por los organizadores oficiales salieron las autoridades locales y de policía montando hermosos corceles. El grupo terminó en solitario el recorrido, mientras el grueso de los caballistas continuaron concentrados en el sitio de partida. El público tuvo que esperar cerca de dos horas para presenciar el inicio del desfile. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la demora? La respuesta es para dejarnos con los pelos de punta: “los patrones no habían almorzado”.

Sin ningún recato, un personaje repitió una y otra vez la misma respuesta a quienes preguntaban cual era la razón da la tardanza, incluso a emisarios del alcalde que no salían de su asombro.

Después vino el caos de siempre: jinetes borrachos, caballos lastimados y estresados, la turba trenzada en batallas de espuma, la policía impotente, grupos de caballistas colándose con la venía de los uniformados, jóvenes imperitos cabalgando potros ariscos, riñas y heridos.

La cabalgata se convirtió con el paso del tiempo en un espectáculo deprimente y en la expresión de la cultura mafiosa enquistada en la ciudad. No cabe duda que las organizaciones de caballistas, que actúan de buena fe, insisten en presentar un certamen ferial, pero debemos reconocer que es imposible controlar un evento donde “los patrones” imponen su voluntad de manera desafiante.

La trágica muerte de Paola Salazar, enmarcada en un evento controlado por “los patrones”, prueba que la ciudad se encuentra atrapada en una cultura mafiosa que se alimenta de la falta de autoridad, promueve la ilegalidad, estimula la corrupción de los servidores públicos y genera desconfianza en las instituciones. Una cultura mafiosa que tiene voceros oficiales que la defienden y atacan sin cuartel a sus detractores.

La peor expresión de esa cultura mafiosa es la violencia y las elevadas tasas de homicidios que nos ubican como la ciudad más violenta del país.

De nada sirve que aumentemos el pie de fuerza de la policía, si al poco tiempo son cooptados por los criminales. También resulta inoficioso pedir aumento de penas, si nadie se atreve a aplicarlas por miedo o connivencia con el crimen.

Hacer frente a la cultura mafiosa no es fácil. Se requiere en primer término establecer las causas asociadas a su surgimiento y permanencia. Pero sobre todo exige promover valores culturales que realmente nos identifiquen: respeto a la norma, acatamiento a la autoridad, confianza en las instituciones y control ciudadano.

Pese a las acciones estremecedoras del crimen organizado, hemos logrado algunos avances en la dirección correcta. El Gobierno Municipal ha puesto todo su empeño en disciplinar a los conductores de vehículos. Por encima de las salidas en falso del Secretario de Tránsito, la mayoría de los caleños aplaudimos que se ejerza autoridad en esta materia, sin contemplaciones, ni amiguismos. El resultado a mediano plazo es previsible: respeto a la norma y a la autoridad, por parte de los ciudadanos.

El mismo ejercicio de gobierno podría hacerse en otros aspectos, como por ejemplo la seguridad. Pero es claro que no hay voluntad política para encarar una situación a todas luces compleja y riesgosa.

Prohibir la cabalgata no pone fin a esta cultura mafiosa, pero le cierra espacios. El Alcalde conoce bien el problema y sabe que la solución no es fácil. Pero estamos seguros que encontrará una alternativa que permita a los caleños y visitantes disfrutar de un espectáculo equino, sin borrachos, ni espuma y con menos “patrones”.

 

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  Mafias en los usos del suelo en Cali   Hace pocas semanas, el personero de Cali, Andrés Santamaría, dijo ante un medio de comunicación que existía una mafia que operaba alrededor del otorgamiento de permisos para los usos del suelo en la ciudad. De inmediato, los funcionarios adscritos a dicha dependencia la emprendieron contra …

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Mafias en los usos del suelo en Cali

 

Hace pocas semanas, el personero de Cali, Andrés Santamaría, dijo ante un medio de comunicación que existía una mafia que operaba alrededor del otorgamiento de permisos para los usos del suelo en la ciudad. De inmediato, los funcionarios adscritos a dicha dependencia la emprendieron contra Santamaría y presentaron en su contra acciones de tutela, en defensa del buen nombre.

Digamos que hasta ahí el asunto tiene sentido, en la medida que no se puede generalizar y porque resulta inimaginable que todos y cada uno de los servidores de dicha secretaría hagan parte de esta mafia. Aún así en lugar de acudir a la tutela, quienes se sintieron ofendidos o injuriados debieron solicitarle al Personero una aclaración. En lugar de esto acudieron ante un juez constitucional en busca de una retractación y de una orden dirigida al Personero para que se declare impedido de investigar a dichos funcionarios. 

La palabra la tienen los jueces que están conociendo esta avalancha de tutelas, sin embargo, el asunto merece ser debatido públicamente. En este sentido hay que señalar, de entrada, que le asiste la razón al Personero cuando advierte sobre actos de corrupción en el otorgamiento de estos permisos. La prueba de la existencia de mafias y servidores torcidos es la proliferación de restaurantes, discotecas, bares, cantinas, ventas de licor, aparta hoteles, moteles, prostíbulos, almacenes, gasolineras, etc., en sitios expresamente prohibidos.

No hay un solo barrio residencial en Cali que no se haya transformado debido a la propagación incontrolada de toda suerte de establecimientos comerciales, alterando la paz y la convivencia ciudadana. Cuando las autoridades de policía intentan ejercer algún tipo de control, los perturbadores exhiben orgullosos los permisos entregados por las dependencias oficiales.

Tal vez me gane una tutela, pero debo reconocer que comparto la opinión del Personero cuando dice que hay una mafia encargada de entregar conceptos y permisos indebidos para que operen establecimientos en contra de lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Los funcionarios honestos tienen derecho a quejarse y a exigir que el asunto se aclare, pero de ninguna manera pueden impedir que el Personero lleve a cabo las investigaciones disciplinarias, orientadas precisamente a establecer quienes están involucrados en las irregularidades que se vienen presentando en la Subsecretaría de Ordenamiento Urbanístico, referidas a la perdida y alteración de la base de datos, falsedades documentales, entrega de conceptos amañados y permisos indebidos, y que han sido puestas en conocimiento de la fiscalía.

A estas alturas, sería bueno saber si el Director de Planeación Municipal respalda que sus subalternos pretendan “maniatar” al Personero para que no investigue estas irregularidades o si por el contrario está dispuesto a brindarle todo el respaldo que requiera para que ponga fin a una corrupción que, si bien no es de ahora, sigue enquistada y contribuye enormemente a la situación de violencia e inseguridad que aflige a la ciudad.

@elmermontana

 

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  El Alcalde de Cali pidió perdón, por primera vez   El Alcalde de Cali pidió perdón por haber privado a los caleños del alumbrado el año pasado y anunció (como acto de contrición) que este año íbamos a tener un alumbrado vistoso a lo largo del bulevar de la Avenida Colombia. Buena esa por …

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El Alcalde de Cali pidió perdón, por primera vez

 

El Alcalde de Cali pidió perdón por haber privado a los caleños del alumbrado el año pasado y anunció (como acto de contrición) que este año íbamos a tener un alumbrado vistoso a lo largo del bulevar de la Avenida Colombia. Buena esa por el Alcalde que asume con valentía sus errores y por supuesto también para la ciudad que recobrará una hermosa tradición suspendida por cuenta del consejo de algún asesor yuppie que cree que la romería de caleños a lo largo del río tutelar esta pasada de moda. El Alcalde se sintoniza con el pueblo y ambos ganan.

Es probable que a la mitad de su mandato, el Alcalde haya iniciado un proceso de reflexión y autocrítica sobre los errores, desaciertos u omisiones en que ha incurrido con el propósito de hacer los correctivos necesarios. Si es así, el mandatario debe hacer un replanteamiento serio en el tema de seguridad, en el entendido que la violencia desatada por las bandas criminales y las pandillas podría ser la mancha imborrable que empañe su obra de gobierno.

Durante dos años la ciudad ha estado prácticamente en manos de la delincuencia, mientras que el Secretario de Gobierno considera que el problema deber ser resuelto por el Gobierno Nacional y que los únicos responsables son los mismos criminales. Resulta incomprensible que el Alcalde insista en mantener a cargo de dicha Secretaría a un funcionario que públicamente y con toda honestidad se ha declarado incapaz de resolver los problemas de seguridad que abruman a los caleños.

Es evidente que el secretario de gobierno tiene puestos los ojos en otros intereses y que no está dispuesto a asumir los riesgos políticos y de seguridad que implican liderar una lucha frontal contra la delincuencia y la ilegalidad. Fiel heredero de la escuela “deje así”, el ilustre funcionario cree que haciéndose el de la vista gorda, respondiendo con frases de cajón y con una buena dosis de excusas podrá salir airoso de este gobierno. Esto es lo que se deduce de la reciente entrevista que el Dr. CARLOS JOSÉ HOLGUÍN ofreció al periódico EL PAIS. (Ver entrevista):  http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/solicitamos-ministro-plan-desarme-cali-secretario-gobierno-cali

Dicha entrevista fue la penosa respuesta del Gobierno Municipal a la masacre de La Barra La 44, cuya investigación tuvo que ser asumida por un grupo especial proveniente de Bogotá, lo que demuestra que ni siquiera estamos en capacidad de asumir este tipo de casos. Una vez más salta a la vista la necesidad de reforzar la policía judicial, sin lo cual resulta imposible combatir el crimen organizado.

Tal vez la fórmula de echarle la culpa a otros tenga éxito (funcionó en la pasada administración) y en consecuencia le toque al próximo Gobierno lidiar con la incompetencia de sus antecesores sobre el tema de seguridad. Sin embargo, nos resistimos a creer que RODRIGO GUERRERO deje a la buena de Dios a sus conciudadanos y no se atreva a tomar decisiones.

Cali clama por un líder que asuma con valentía los retos que le impone la delincuencia organizada. Para ello necesita un equipo que le ayude a resolver los problemas que contribuyen al surgimiento de las diversas expresiones del delito. Pero sobre todo requiere un Secretario de gobierno que deje, al menos, bocetada una política pública en materia de seguridad acorde con la compleja situación que enfrenta Cali, desde hace mucho tiempo.

En este país son muy pocos los funcionarios que renuncian cuando advierten que no pueden llevar a cabo su labor. Sin embargo, no debemos perder la esperanza que el doctor CARLOS JOSÉ HOLGUÍN entienda que es hora de tomar otros rumbos y deje en libertad al Alcalde para que recomponga su gabinete. El Alcalde, en defensa del interés general, debe proveer el cargo con una persona que ayude al Gobierno local a encontrar solución a los problemas de inseguridad y violencia que asolan la ciudad, de lo contrario, tendrá nuevamente que pedirle perdón a los caleños, pero no por la ausencia de unas bombillas sino por el sufrimiento que pudo evitarle a sus conciudadanos.

 

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  Cali entre el glamour y la violencia   Cali vive uno de sus mejores momentos en cuanto a promoción de la ciudad. Durante este año hemos sido la sede de importantes eventos internacionales, que nos han brindado la oportunidad de mostrarle al mundo este hermoso pedazo de tierra poblado de gente buena, trabajadora y …

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Cali entre el glamour y la violencia

 

Cali vive uno de sus mejores momentos en cuanto a promoción de la ciudad. Durante este año hemos sido la sede de importantes eventos internacionales, que nos han brindado la oportunidad de mostrarle al mundo este hermoso pedazo de tierra poblado de gente buena, trabajadora y llena de esperanzas y de paso, nos han permitido disfrutar de espectáculos deportivos, artísticos, culturales y académicos de gran importancia.

Quienes tienen la fortuna de visitarnos expresan con alegría su gratitud por nuestra desmedida hospitalidad y no ahorran palabras para elogiar la belleza de nuestras mujeres y la delicada exuberancia de los paisajes.

Sin duda alguna, por estos días cunde un sentimiento de orgullo y, paradójicamente, de preocupación en la ciudad. Orgullo de lo que somos y preocupación por lo que nos impide ser una ciudad equitativa y segura.

No basta mostrarle a turistas y visitantes que tenemos sobradas razones emocionales para considerarnos la sucursal del cielo, si crece la injusticia social y la violencia. Cali es una ciudad con manifiestas desigualdades. La deuda social no ha sido satisfecha hasta el momento, por el contrario, aumenta en forma preocupante. La desescolarización va de la mano con el auge de las pandillas, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual de menores siguen creciendo, al igual que el desempleo, la economía informal y el contrabando. Ni que hablar de la corrupción.

Somos una de las ciudades mas violentas del mundo. Tenemos las tasas de homicidios mas altas del país y las estructuras criminales nos agobian e intimidan. La masacre de 8 personas el viernes pasado desmiente a quienes pretenden negar estar realidad o le restan importancia bajo el supuesto que se trata de hechos aislados.

Cali está en manos del crimen organizado. Los extorsionistas azotan a pequeños y grandes comerciantes en todo el perímetro urbano. Ni siquiera se salvan los centros comerciales. Los traficantes de estupefacientes también se dividieron la ciudad y disputan a sangre y fuego sus territorios. Las oficinas de sicarios utilizan armas legales, muchas de estas incautadas por las autoridades, como sucedió con la pistola que portaba el homicida de La Barra La 44. El contrabando copa casi todos los productos comerciables y pone en circulación grandes sumas de dinero dando la falsa imagen de una economía pujante.

Mientras el crimen organizado se afianza, las autoridades dan palos de ciego y no se ponen de acuerdo en las medidas que deben adoptar. Para colmo de males el comandante de la Tercera Brigada no respalda el plan desarme propuesto por el alcalde, sin dar ninguna razón válida. Como si estuviéramos en tiempos del Estatuto de Seguridad, la autoridad de los militares se impone de manera caprichosa sobre la voluntad del gobernante elegido democráticamente.

Los asesores del Alcalde deben instruirlo sobre las facultades que le confiere la Constitución Política para velar por la seguridad y los derechos fundamentales de sus gobernados y que le permitirían ordenar la prohibición del porte de armas de fuego, por encima de la autoridad castrense.

Sin embargo, para combatir de manera eficiente el crimen organizado, el desarme debe complementarse con un trabajo coordinado de los diferentes organismos de inteligencia y policía judicial. A finales de los años noventa las pandillas del Distrito de Aguablanca habían adquirido un poder inusitado. Para enfrentarlas fue instalada una base militar. La propuesta resultó un completo fracaso debido a la reacción violenta de los moradores contra los uniformados cuando retenían o capturaban a alguien. Un comandante de aquel entonces refirió que cierta noche sorprendieron a unos jóvenes con armas de fuego y cuando se disponían a subirlos al camión del ejército, salieron decenas de personas y los apedrearon. Según dijo el momento más dramático fue cuando alguien intentó desarmar a uno de sus hombres, “por fortuna el soldado sostuvo con firmeza el fusil, si el maleante lo hubiese desarmado creo hubiera ocurrido una tragedia, la gente ya no nos respeta”. A las pocas semanas la base fue levantada.

Con el apoyo del mayor Villafañe de la policía se creó un grupo integrado por CTI, SIJIN y Policía uniformada que trabajó de manera coordinada. Gracias a esta iniciativa se desmantelaron las principales bandas y fueron judicializados y condenados más de un centenar de delincuentes.

Desde entonces se ambientó la idea de una central  o comando conjunto, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación e integrado por todos los organismos de inteligencia y de policía judicial. Ahora más que nunca cobra vigencia esta propuesta. Las autoridades concernidas tienen la palabra.

 

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  El negocio alrededor de la delincuencia juvenil   Los jóvenes delincuentes son un negocio lucrativo. Las bandas criminales, incluyendo la guerrilla, vinculan a menores a sus organizaciones para que ejecuten los peores crímenes, sin exponer a sus cuadros y a bajo costo. Estos muchachos sin futuro, incursos en el delito por voluntad o empujados …

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El negocio alrededor de la delincuencia juvenil

 

Los jóvenes delincuentes son un negocio lucrativo. Las bandas criminales, incluyendo la guerrilla, vinculan a menores a sus organizaciones para que ejecuten los peores crímenes, sin exponer a sus cuadros y a bajo costo.

Estos muchachos sin futuro, incursos en el delito por voluntad o empujados por las circunstancias, representan igualmente un jugoso negocio para muchas personas que actúan en la legalidad, especialmente para las fundaciones que operan el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

En Colombia, gracias a los lloriqueos de algunos activistas, la resocialización de los menores infractores y el cumplimiento de las sanciones que les imponen los jueces, quedó en manos de operadores privados y no del aparato judicial. Tanto es así que el Ministerio de Justicia evade cualquier responsabilidad invocando la ley de infancia y adolescencia, dando inicio a un peloteo al que se suman alcaldes, gobernadores, policía y por supuesto el ICBF.

En Cali, los menores infractores son enviados al centro de reclusión Valle del Lili, operado desde hace mucho tiempo por la fundación CONSAGRACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.

Desde un principio los CAPUCHINOS han demostrado una insuperable ineptitud en el manejo del reclusorio, reflejada en cerca de mil quinientas fugas de menores infractores, muertes y lesiones de internos, destrucción de las instalaciones, daños a bienes públicos y privados, sin pasar por alto las lesiones a algunos educadores.

Detrás del desgreño e incapacidad en el manejo del sistema existe un entramado de cuantiosos contratos referidos a mejoras locativas en el centro y a cupos para los infractores.

Para demostrar esta afirmación basta revisar el contrato 76.26.10.904 suscrito entre el ICBF y la CONSAGRACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, inicialmente pactado por $4.538.102.222, para ser ejecutado entre el 31 de dic de 2010 y el 30 de dic de 2011, referido al pago de 383 cupos de menores infractores. Este contrato tuvo tres adiciones la primera el 3 de enero de 2011 (cuatro días después de entrar en vigencia el contrato) por valor de $928.980.080, la segunda el 13 de junio de 2011, por valor de $186.637.290 y la tercera el 2 de agosto de 2011, por valor de $109.789.315. En suma el contrato terminó costando al erario  $5.764.508.907.

En el año 2012 y en lo que va corrido del 2013, los operadores del sistema han recibido exorbitantes cifras de dinero por cuenta de la contratación suscrita con el ICBF, no obstante, el centro de reclusión no cuenta siquiera con instalaciones adecuadas que garanticen la permanencia de los muchachos durante el tiempo previsto por los jueces de infancia y adolescencia, para que cumplan con las sanciones y el proceso de resocialización.

Ninguna plata ha sido suficiente. La razón es muy sencilla: los Padres Terciarios Capuchinos jamás han tenido interés en acondicionar el centro de reclusión. De hecho los muros perimetrales no tienen alambre de púas, lo que convierte las fugas en un juego de niños. Es claro que los CAPUCHINOS no han querido resolver el problema de las evasiones porque estas les permiten descongestionar el centro y de paso liberan cupos que deben ser cancelados por el ICBF, nada más parecido a un CARRUSEL.

En el centro mandan los curas. Ellos deciden la suerte de un predio que no les pertenece, determinan el uso de los espacios, las mejoras que se pueden hacer, el tipo de vigilancia interna y el número de internos que pueden recibir a través de la perversa modalidad de cupos. Además se dan el lujo de no dar explicaciones, ni rendirle cuentas a la comunidad.

El Director del ICBF, ha dicho a los medios de comunicación que multó al operador por el incumplimiento del contrato, sin embargo, nunca exhibió los documentos que demuestren esta afirmación. En todo caso las multas pactadas en los contratos son a todas luces ridículas: multa del 1% del valor del contrato por incumplimiento de las obligaciones especiales, del 0.5% por incumplimiento de obligaciones relacionadas con la atención, del 1% por incumplimiento en la operación, del 0.5% por incumplimiento de las obligaciones referentes a la supervisión y seguimiento, y multa de 0.5% por incumplimiento de las demás obligaciones. Con semejantes multas, incumplir es una tentación.

Como solución a este desgreño y falta de liderazgo surgió la propuesta de buscar un lote para construir un centro de reclusión para menores en algún municipio. Los bugueños, que no son bobos, dijeron que no, al igual que otras localidades. Es inaudito que alguien proponga botar más plata en construcciones cuando existen las instalaciones de la cárcel del Buen Pastor y el Valle del Lili, donde pueden adelantarse las adecuaciones que necesita el Departamento para albergar a los jóvenes infractores. Así, por ejemplo, el lote, que algún director del Valle del Lili utilizó para pastar sus vacas, puede servir para la construcción de pabellones.

No es necesario que el Director del ICBF viaje a España en “busca de experiencias exitosas”, para que entienda que él mismo es responsable de este caos por entregarle las riendas del sistema a una cofradía, “consagrada”, de tiempo completo, a enriquecerse mientras la ciudad enfrenta una delincuencia juvenil ensoberbecida por la estulticia de los mayores.

 

@elmermontana

 

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