Jueves, Diciembre 13 2018

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Tema Aparte, por Élmer Montaña

  El Plan de Choque para Cali   El 25 de septiembre de 2014, el diario EL PAIS de Cali publicó la siguiente noticia: “El Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (Ihme, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, otorgó al alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, …

Tema Aparte, por Élmer Montaña

 

El Plan de Choque para Cali

 

El 25 de septiembre de 2014, el diario EL PAIS de Cali publicó la siguiente noticia:

“El Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (Ihme, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, otorgó al alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, el Premio Roux, dedicado a exaltar a quienes investigan y aplican evidencias para generar impactos positivos en la salud.

El reconocimiento se le hizo al mandatario local por liderar durante los últimos 20 años, la recolección de datos y observación del fenómeno de la violencia en Cali, además de la aplicación de medidas para reducir los índices de criminalidad.”

Lo que debió ser motivo de alegría y orgullo para la ciudad se convirtió en polémica, al extremo que no faltó quien sugiriera que el Alcalde debía renunciar al premio, pues la entrega del galardón coincidió con la masacre de 8 personas en el sur de Cali, seguida de más de 30 homicidios cometidos en menos de 10 días.

Nadie discute las calidades académicas y profesionales de Rodrigo Guerrero y su reconocida trayectoria como epidemiólogo de la violencia, vale decir, como experto conocedor de las causas de las diversas formas de violencia que enfrenta la sociedad. Esto para dejar claro que el Alcalde es merecedor de todas las distinciones por su trabajo académico.

Sin embargo, resulta contradictorio que a la hora de gobernar la ciudad de palos de ciego en la búsqueda de soluciones a los problemas de seguridad y permita que sus subalternos y otras autoridades se aventuren a aseverar que los homicidios cometidos por las bandas criminales son “hechos aislados”, ocasionados por “actos de intolerancia”.

Decir, por parte del Gobierno Municipal, que las acciones criminales son hechos aislados demuestra un grave desconocimiento de las características del crimen organizado. Estas organizaciones llevan a cabo diversas actividades ilegales: tráfico de estupefacientes, armas y municiones, contrabando, falsificación de moneda, sicariato, extorsiones, fleteos, hurtos de vehículos y residencias, entre otras. Estos grupos “requieren coordinación de intereses y acciones, individuales y grupales” (Garay y Salcedo 2012), por ese motivo hay quienes prefieren denominarlos redes ilícitas.

Decir que la mayoría de los homicidios que se cometen en Cali obedecen a actos de intolerancia, es afirmar que los habitantes de esta ciudad nos matamos por una cuestión de carácter, cuando  en realidad la mayoría de las víctimas son ocasionadas como consecuencia de hechos producidos por las múltiples y diversas estructuras criminales que operan en la ciudad.

El médico Rodrigo Guerrero sabe muy bien que un mal diagnóstico genera un pronóstico y un remedio equivocados.

El plan de choque dado a conocer por la Alcaldía y la Policía Nacional, consistente en el aumento de 200 uniformados, para reforzar la vigilancia y control en las comunas con mayor conflictividad (especialmente en el distrito de Aguablanca y zona de ladera), es la errada solución al problema de la violencia en Cali porque responde a una equivocada formulación del problema.

Las comunas del oriente y de la zona de ladera de la ciudad, solamente conocen la faceta dura y represiva del estado, pero no como elemento estructurante de la vida socio política, ni como referente de la ley, el orden, el derecho y la correcta prestación del servicio público. El estado tampoco aparece como referente simbólico de cohesión, ni como regulador o mediador de las relaciones sociales. La exclusión, la discriminación y la pobreza llevan a los ciudadanos de estos sectores a considerar la presencia policial o militar del estado como hostil y refuerzan el concepto de un estado enemigo, del cual es preciso protegerse.

La vida, la seguridad y la tranquilidad de dos millones y medio de personas que viven en la ciudad, sin importar que estén de tránsito, está en manos de funcionarios  y autoridades que requieren del apoyo ciudadano. Lejos están de lograrlo sino son claros o apelan al engaño.

De nada nos sirve predicar que hemos recobrado la autoestima debido a las obras de infraestructura recientemente construidas o a los certámenes internacionales realizados en la ciudad, si las tasas de desescolarización siguen siendo alarmantes, no hay empleo suficiente, la justicia opera a marchas forzadas, la corrupción galopa victoriosa y sobre todo si nos pueden robar o matar a la vuelta de la esquina.

 

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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