Domingo, Septiembre 23 2018

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Tema Aparte, por Élmer Montaña

  Propuestas de Reforma a la Justicia en Colombia   En los últimos años han fracasado los intentos de reformar la justicia, pese a la urgente necesidad de llevar a cabo cambios que permitan recuperar el prestigio de la Rama Judicial, así como de los órganos de control, seriamente afectado por los continuos escándalos de …

Tema Aparte, por Élmer Montaña

 

Propuestas de Reforma a la Justicia en Colombia

 

En los últimos años han fracasado los intentos de reformar la justicia, pese a la urgente necesidad de llevar a cabo cambios que permitan recuperar el prestigio de la Rama Judicial, así como de los órganos de control, seriamente afectado por los continuos escándalos de corrupción, politiquería, nepotismo y lentitud en las decisiones.

Con el fin de contribuir al debate sobre este particular presento a través de este blog a las siguientes propuestas:

1. PRESUPUESTO. Debe destinarse como mínimo el 10% del presupuesto nacional para la Justicia. De esta manera se mejoraría el salario de los servidores de la justicia a la vez que se dotaría a la Rama Judicial de los recursos necesarios para que opere de una manera pronta, cumplida y eficaz, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos.

2. ESTABILIDAD LABORAL. Debe garantizarse la estabilidad laboral de los servidores de la justicia ofreciéndole a los servidores en provisionalidad la capacitación que requieren para que puedan acceder a los cargos de carrera.

3. JUBILACIÓN. El servicio de justicia en Colombia implica elevados riesgos para sus funcionarios, resulta por lo tanto justo que sus servidores puedan jubilarse a los 55 años, siempre y cuando cumplan con el tiempo de servicio previsto en la ley.

4. ELECCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA JUSTICIA. Todos los cargos en la Rama Judicial deben ser de carrera y el acceso a los mismos por concurso de méritos, incluyendo magistrados de las Cortes, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura.

(De igual manera deben ser de carrera y por concurso de méritos los cargos de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación y Contralor General de la República).

5. PROHIBICIÓN DE REELECIÓN Y DE LA PUERTA GIRATORIA. Los magistrados o ex magistrados de las altas corporaciones, Procurador General de la Nación y Contralor General de la República no deben ser reelegidos en sus cargos ni nombrados en ninguna de las demás dignidades de la justicia, aunque no hayan cumplido el periodo en el respectivo cargo. No más a la oprobiosa práctica de “yo te elijo y luego tu me elijes”.

6. INHABILIDAD ESPECIAL. Ni el cónyuge o compañero o compañera permanente, ni los  familiares dentro del primer grado de consanguinidad de los magistrados de las altas corporaciones, Procurador General de la Nación y Contralor General de la República deberán ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. Recientes casos han puesto al descubierto que no pocos magistrados tienen a sus parientes cercanos vinculados a entidades del Estado, respecto a las cuales ejercen competencia.

7. SANCIONES: Los fiscales, jueces, magistrados y abogados condenados por actos de corrupción deben ser excluidos de la profesión de abogados. Por regla general, se les prohíbe el ejercicio de la abogacía por un término igual a la sanción penal.

8. COMPETENCIA EXCLUSIVA. Los tribunales superiores, las Cortes, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura deben tener competencias exclusivas relacionadas con la administración de justicia. Por lo tanto no pueden participaran en la postulación, designación o elección de funcionarios públicos. El ejercicio de esta actividad ha politizado la justicia convirtiéndola en escenario de pugnas ideológicas y partidistas, con grave deterioro para la imagen de la administración de justicia.

9. INTEGRALIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Las contralorías municipales, distritales y departamentales se integrarán a la Contraloría General de la República y los cargos que provea deben ser de carrera, mediante el sistema de concurso de méritos.

10. ELIMINACIÓN DE PROCURADORES JUDICIALES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. Debe eliminarse la figura del procurador judicial en los procesos penales. Dichos funcionarios deben tener como tarea fundamental la prevención, control y vigilancia de los recursos públicos. (Actualmente los procuradores judiciales son intervinientes en los procesos penales, generando un desequilibrio entre la defensa y la fiscalía, en la medida que muchos terminan convertidos en un segundo fiscal).

11. JUZGAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO. Debe crearse una sala especial adscrita a la Corte Suprema de Justicia, para investigar y juzgar a los altos funcionarios del Estado, garantizando la doble instancia. De esta manera desparecería la inoperante comisión de acusaciones.

12. TUTELA. Mediante norma constitucional debe establecerse que la acción de tutela procede contra sentencias ejecutoriadas, de cualquier instancia judicial, siempre y cuando se configure una vía de hecho o una flagrante e inequívoca violación de los derechos fundamentales de las personas. (Actualmente la Corte Suprema de Justicia se niega a tramitar las tutelas contra sentencias judiciales, especialmente de las altas corporaciones de justicia con el socorrido argumento que tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado son órganos de cierre. Mediante un auto que sirve de plantilla se niegan todas las tutelas contra sentencias judiciales perpetuando espeluznantes injusticias). También mediante reforma constitucional debe disponerse que será inexequible de plano cualquier norma legal que restrinja la acción de tutela. Ahora mismo la reforma a la salud cercena la acción de tutela. De ser aprobada la misma muchos colombianos tendrán que resignarse a morir por carencia de un mecanismo efectivo de protección del derecho a la vida y la salud.

13. SISTEMA PENAL ACUSATORIO. Debe llevarse a cabo una evaluación del sistema penal acusatorio con la participación de la academia, las organizaciones de jueces y fiscales y los colegios de abogados, con el fin de proponer los ajustes necesarios que garanticen la efectividad del sistema, pero sobre todo el ejercicio derecho de defensa de todas las personas, en condiciones de igualdad respecto a los órganos de investigación. El actual sistema es oneroso, de manera que el ciudadano que no cuenta con los recursos para contratar un buen bufete de abogados queda expuesto a ser vencido fácilmente en juicio.

14. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES. La ejecución de las decisiones privativas de la libertad de los jueces de infancia y adolescencia, respecto a los menores delincuentes debe estar a cargo del Ministerio del Justicia, en centros de reclusión especializados y bajo la custodia de guardias igualmente especializados en el manejo de menores. Igualmente debe reformarse la ley de Infancia y Adolescencia (L.1098) ampliando el plazo para la investigación y juzgamiento de los adolescentes. En la actualidad el término es de 4 meses lo que permite que casi todos los menores bajo reclusión salgan el libertad por vencimiento de términos sin haberse producido la sentencia respectiva.

15. FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA ESPECIAL INDÍGENA. El estado colombiano debe brindar el apoyo logístico necesario para que opere sin contratiempos el sistema de justicia propio de las comunidades indígenas.

16. ELIMINACIÓN DE LA EXTRADICIÓN. Ningún colombiano debe ser extraditado a otro país, siempre y cuando exista la posibilidad de ser juzgado en nuestro territorio, conforme a las leyes nacionales por los delitos que haya cometido en el exterior. (La extradición perdió efectividad en la lucha contra la delincuencia transnacional. Debido a la posibilidad que tienen los procesados de negociar con la justicia de otros países. Ahora los extraditables aceleran el trámite para ser enviados a las cortes de los países requirentes, donde terminan purgando penas irrisorias, en muchas ocasiones en detrimento de los derechos de las víctimas en Colombia).

La reforma a la justicia atañe a todos los colombianos y no solamente a los congresistas quienes, como se hemos visto, han pretendido legislar en su propio beneficio. Hasta aquí el aporte.

 

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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