Sábado, Marzo 23 2019

.

El sistema penal es una caricatura de sí mismo

Tampoco resulta sano que la Fiscalía investigue a los fiscales, jueces y magistrados. Esto ha envalentonado a los fiscales que ven  la judicatura como un apéndice institucional y a los jueces como subalternos.

El sistema penal es una caricatura de sí mismo
Crédito de foto: David Vega especial para 90minutos.co

El sistema penal acusatorio es el principal obstáculo para la aplicación de una recta, cumplida y pronta justicia en Colombia. Diseñado a las volandas por el legislador quiso ser una copia exacta del sistema puertorriqueño pero terminó convertido en una caricatura de sí mismo.

El sistema penal precedente, que aún se aplica, es cuestionado por lento, antigarantista y confuso en la medida que no tiene claramente definidos los roles de los sujetos procesales. El fiscal en ocasiones funge como juez y parte; el juez como fiscal y el Ministerio Público (procurador) como un sujeto que en “aras de la legalidad” inclina la balanza según la posición que adopte. Sin embargo, el sistema penal acusatorio o de tendencia acusatoria, para ser precisos, es igual o peor en muchos aspectos.

La justicia de la toga y el martillo requiere una profunda reforma, que tenga como horizonte la defensa del orden constitucional y legal, a la vez que garantice el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

Lea también:

Entierros traquetos

En este sentido, bien sea mediante un acto legislativo o a través de una constituyente, deben rediseñarse las estructuras judiciales con el fin de que no queden sometidas al capricho de quienes transitoriamente las dirigen.

La fiscalía, por ejemplo, es adoptada cada cuatro años por un “elegido”, quien embrujado por el cargo, maneja la institución como si se tratara de un barco que navega a la deriva: sin brújula y sin un rumbo fijo.  Necesario resulta entonces un ordenamiento jurídico que fije claramente el papel del ente acusador, así como las reglas a las cuales deben someterse sus funcionarios y establezca las consecuencias por quebrantar las mismas.

El fiscal general no puede actuar como si fuera el dueño de una finca patoja del siglo XIX, sino como un jurista de altas calidades morales que vele por el sometimiento a la justicia de los infractores de la ley penal, sin consideración a su posición social, carácter empresarial o societario o  tendencias políticas e ideológicas.  Repugna a la idea de un sistema judicial respetable que exista un fiscal que acuda a la prensa para presentar a las personas indiciadas como responsables sin haber sido oídas y vencidas en juicio y de otra parte renuncie a la persecución penal de sus socios y conmilitones o de sus hermanos de clase social.

Tampoco resulta sano que la Fiscalía investigue a los fiscales, jueces y magistrados. Esto ha envalentonado a los fiscales que ven  la judicatura como un apéndice institucional y a los jueces como subalternos con la obligación de obedecer los dictados del ente acusador. Por eso no extraña la reciente amenaza del fiscal a los jueces de garantías porque no aplican la ley como a él le parece correcto.

Para lograr la independencia y autonomía de los jueces es preciso crear un órgano que los investigue, diferente a la fiscalía. Mientras esto no ocurra los fiscales les harán sentir el yugo de su poder ilimitado y los ciudadanos no podrán tener la garantía de una justicia imparcial.

También hay que redefinir el papel del Ministerio Público en el proceso penal. Debido a los intereses personales de los congresistas se mantuvo la figura del procurador judicial en lo penal, en calidad de interviniente, con la tarea de velar por la “legalidad” del proceso y solicitar condena o absolución, según su particular punto de vista. Semejante intervención convierte al procurador en un juez “hercúleo” y omnisapiente y destruye la naturaleza del proceso penal que en esencia debe ser una controversia entre el fiscal y la defensa.

Lea también:

Los escombros de la administración de justicia

Hace pocos días un periodista destacaba con asombro como que en desarrollo de un juicio quien realmente había asumido el papel de acusador era el procurador, mientras que el fiscal apenas había hecho una tímida y deshilvanada intervención. Hay quienes sostienen que precisamente debido a las falencias de la fiscalía es necesario un refuerzo de la justicia mediante la presencia de la procuraduría; sin embargo, esto obliga a los defensores a enfrentar a dos fiscales generando un desequilibrio francamente inadmisible.

Excepcionalmente los fiscales hacen eco a las solicitudes de la defensa caso en el cual el desequilibrio afecta al acusador.

Si a esto agregamos que la víctima puede ser representada por un defensor, entonces la defensa ya no tiene que batirse con dos fiscales sino con tres: la pelea de David contra tres Goliat.

El debate sobre la presencia de la Procuraduría en el proceso penal no es teórico, sino eminentemente práctico, porque cualquiera sea la argumentación a favor, el desequilibrio es palpable e inobjetable. No puede haber entonces una correcta aplicación de la justicia penal mientras esto siga ocurriendo.

Los procuradores judiciales podrían ser destinados a otras labores esenciales para la justicia, como reforzar los Consejos Seccionales de la Judicatura, actualmente colapsados; también podrían vincularlos a la Fiscalía o a la Rama judicial que requieren funcionarios capacitados. Desde luego que esto no ocurrirá porque la Procuraduría General de la Nación defiende su nómina a capa y espada.

Sin necesidad de reducir la nómina de la procuraduría los procuradores podrían desempeñar un papel fundamental en la vigilancia y control de los dineros públicos, en tiempo real, y no como ocurre ahora que el control es posterior; es decir, cuando solo queda llorar sobre la leche derramada.

Tengo un par de amigos que son excelentes procuradores, quienes a no dudarlo comprenderán que este es un ejercicio académico, pensado en mejorar la desprestigiada justicia colombiana y una propuesta que apunta a definir con claridad el sistema penal que nos rige, convertido hasta ahora en un monstruo inoperante, caro y arbitrario.

Ojalá después de la publicación de esta columna sigan siendo mis amigos.

Le puede interesar:

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

13 − six =

Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

Noticias Relacionadas