Sábado, Marzo 23 2019

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Renuncie, señor fiscal

Para entender la situación por la que atraviesa el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, no es preciso leer a Borges ni a los clásicos de ficción del siglo XIX, que el funcionario cita con frecuencia, tampoco es preciso acudir a los novelistas mejicanos como Martin Luis Guzmán o Juan Rulfo, cuyos personajes abusaron …

Renuncie, señor fiscal

Para entender la situación por la que atraviesa el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, no es preciso leer a Borges ni a los clásicos de ficción del siglo XIX, que el funcionario cita con frecuencia, tampoco es preciso acudir a los novelistas mejicanos como Martin Luis Guzmán o Juan Rulfo, cuyos personajes abusaron del poder en forma desvergonzada; para entender la conducta del fiscal basta revisar algunos artículos del Código Penal.

Los contratos celebrados entre el funcionario y la señora Natalia Springer, son un mausoleo de irregularidades y violaciones al régimen de contratación, que de haber sido realizadas por otro servidor público habría traído consecuencias previsibles: la captura, en desarrollo de un operativo espectacular, rueda de prensa del vice fiscal para filtrar detalles del proceso y un juez de garantías asustado ante las presiones del ente acusador.

Los detalles de los famosos contratos y las observaciones que en su momento hicieron los fiscales encargados de la interventoría, permiten inferir, de manera razonada, que estamos frente una presunta celebración indebida de contratos, aunada a  una afectación del erario, es decir, a la posible comisión del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Las eruditas explicaciones del fiscal, ofrecidas a los medios de comunicación, dejan claro que el meollo del asunto no es la contratación directa, ni el fraccionamiento de los contratos (graves para cualquier otro funcionario), el veneno está en haber pagado a la politóloga Springer el contrato por 895 millones de pesos, pese al reporte negativo que en su oportunidad hiciera el ex fiscal ALEJANDRO RAMELLI, consignado en un documento de 25 páginas, (publicado por el diario EL ESPECTADOR) y como si fuera poco haber firmado después otros contratos con la misma persona por valor de 3 mil millones de pesos, con objetivos similares.

El fiscal no ha podido explicar su obstinada actitud de contratar con Natalia Springer, para que llevara a cabo una labor que perfectamente habían podido asumir los funcionarios adscritos a la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación, desatendiendo las juiciosas y razonadas objeciones que le expresaron los fiscales que conocieron el primer informe de la contratista.

El fiscal, a la manera de Pancho Pistolas, respondió a este cuestionamiento diciendo que es un hombre con carácter y que no se doblega. Narcotizado por el veneno del poder que corre por sus venas el fiscal cree que todo lo puede y que  nadie tiene la autoridad para llamarlo al orden.  Alimentándose de su propia arrogancia se considera un hombre superior e  invencible que no se rinde ante nada, ni siquiera ante el peso de las pruebas en su contra. Aprovechando las debilidades del sistema judicial se mofa con sorna de la inoperante Comisión de Acusaciones del Congreso, cuya existencia defiende a capa y espada porque sabe muy bien que es el santuario de la impunidad para los  altos funcionarios del Estado.

En un arrebato de ingenua petulancia creyó que podía enfrentar los cuestionamientos por estos contratos, apelando a la misma estrategia evasiva que utilizó para lidiar con el caso de SALUCOOP. Pero se equivocó. Una cosa es haber actuado como abogado defensor de una persona cuestionada por corrupción y otra, muy diferente, es ser el protagonista de actuaciones oscuras y de dudosa tacha, respecto al manejo de los dineros públicos.

Está visto que el fiscal apelará a la retórica barriobajera de la amenaza, el apodo y la burla para responder a quienes le exigen explicaciones y que no rendirá cuentas públicas de los contratos que repartió a dedo entre sus amigos y como pago de favores.

Si el Congreso de la República quiere ir al fondo de este asunto debe citar a los contratistas para que informen cual fue el aporte que hicieron a la justicia por tan elevadas sumas de dinero.

Este vergonzoso episodio que desacredita, aún más, el sistema judicial colombiano, debe traer como consecuencia una reforma urgente de la Fiscalía General de la Nación. Aún estamos a tiempo de ponerle freno a este “caballo desbocado” (en palabras del fiscal Montealegre). Empecemos por someter esta entidad al régimen de contratación que opera para las demás entidades del Estado. No puede ser que si un alcalde realiza contratación directa y  fracciona contratos incurra en un delito grave, mientras que si lo hace el fiscal represente “la armonización de los principios de contratación”. O todos en la cama o todos en el suelo. Nadie por encima de la ley, nadie por fuera de la ley.

En marzo de este año, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, remitió una carta al magistrado Jorge Pretelt, suscrita entre otros por el fiscal  Montealegre. En uno de los apartes dice la misiva:  “Cuando las actuaciones de un magistrado se cuestionan seriamente, al punto de que ponga en tela de juicio su transparencia y probidad, la Rama Judicial entera se ve impactada negativamente porque se afecta su legitimidad y se pone en entredicho la capacidad del aparato de Justicia para resolver de manera imparcial los conflictos de intereses entre los ciudadanos”.

Bajo esta premisa el Comité solicito, en aquel entonces, la renuncia del magistrado Pretelt, y justificó dicha petición argumentando que “no sólo tiene la facultad de solicitar respetuosamente la renuncia de miembros de la justicia cuando sus actuaciones afecten la administración, sino que además ostenta el deber constitucional de hacerlo, si se considera que con la dimisión se salvaguarda la institucionalidad del Poder Judicial”.

Por una paradoja propia de un país infectado por el cáncer de la corrupción, ahora es el fiscal quien resulta cuestionado. ¿Será que el Comité le solicitará también la renuncia, en los mismos términos? Mientras sus integrantes lo piensan, renuncie, señor Fiscal.

Twitter: @elmermontana

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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