Miércoles, Septiembre 26 2018

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Rechazo a incrementos en tarifas de energía

Comienzan a escucharse las voces de rechazo a los anuncios del incremento en los costos de la energía. El senador Alexander López Maya insiste en que el aumento de la tarifa de energía que tendrán los colombianos, es injustificado por considerar que los usuarios ya han pagado por las crisis que se presentan en el …

Rechazo a incrementos en tarifas de energía

Comienzan a escucharse las voces de rechazo a los anuncios del incremento en los costos de la energía. El senador Alexander López Maya insiste en que el aumento de la tarifa de energía que tendrán los colombianos, es injustificado por considerar que los usuarios ya han pagado por las crisis que se presentan en el sector energético nacional-

Mediante proposición  presentada en la plenaria del Senado, le solicito a la Contraloría General de la República,  que investigue en qué se han utilizado los recursos recaudados por el denominado “cargo por confiabilidad” en la tarifa del Servicio de energía eléctrica, recursos que precisamente deberían ser utilizados para afrontar la crisis generada por el fenómeno del niño.En la proposición el Senador López Maya expresa “Esta medida que afecta a los usuarios residenciales, comerciales e industriales es perjudicial y contradictoria, en el entendido que en los últimos 5 años los colombianos han pagado en la tarifa de energía alrededor de 5 mil millones de dólares  para la protección del sistema energético nacional en el denominado “cargo por confiabilidad”.

Agregó el Vicepresidente del Senado  “el aumento de la tarifa va dirigido a pagar los sobrecostos que tienen las generadoras de electricidad, debido a que deben acudir a otros mecanismos para generar energía a comercializar. Es decir, los colombianos y colombianas debemos pagar otro cargo adicional para reducir las pérdidas de los generadores de energía, teniendo en cuenta que este cargo ya se venía pagando por parte de los usuarios”.

Por estos hechos el Senador López solicito además que la Procuraduría General de la Nación y  la Superintendencia de Servicios Públicos  investiguen esta situación y que se tomen las medidas necesarios para proteger a los usuarios.

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