En octubre de 2020, el Concejo de Cali, con la oposición de apenas dos concejales, le aprobó como una aplanadora un cupo de endeudamiento por 650 mil millones de pesos al alcalde sin tener mucha claridad de qué obras o proyectos requerían de esos recursos para financiarse. Casi año y medio después, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que 90 mil millones de ese cupo de crédito público iría para recuperar casi 400 kilómetros de la malla vial de la ciudad, en particular vías barriales e internas en mal estado.
En principio, pretendieron hacer este proceso con un convenio con EMCALI, lo cual era cuando menos exótico, porque ponían a una empresa de servicios públicos a recuperar la malla vial. Pero esto no era lo más grave. El asunto giraba en que la Secretaría de Infraestructura y EMCALI hacían un convenio directo, lo que le permitía a la empresa acceder a esos millonarios fondos y subcontratar sin concurso público ni licitaciones a empresas privadas para ejecutar las obras. Inaceptable desde todo punto de vista que 90 mil millones de pesos pudiesen entregarse a dedo a un privado.
En enero de 2022, la Administración, para corregir ese error, anuncia con bombos y platillos que se abriría una convocatoria pública para llevar a cabo la más grande licitación de la historia de Cali. Eso sonaba relativamente bien, más cuando los contratos a dedo han demostrado ser la regla y no la excepción, como lo establece la ley 80 de contratación pública. Y fue así como en mayo de este año se cerró la licitación y se adjudicó un contrato por 86 mil millones de pesos para que una empresa privada ejecute la reposición de la malla vial priorizada.
Desde el principio tuvimos dudas sobre un proceso donde solo se presentaron cuatro proponentes, lo cual es curioso considerando el valor tan atractivo del negocio. Y esas no son inquietudes menores. De los cuatro proponentes, tres fueron rechazados desde la primera etapa del proceso, llegando a la etapa final el proponente con más cuestionamientos que, misteriosamente, no fueron motivo para ser rechazado desde la etapa inicial. Investigando al detalle, encontramos cuatro irregularidades que sigue siendo incomprensible por qué no invalidaron la oferta del ahora contratista ganador del proceso de licitación.
El nuevo contratista, un consorcio de varias empresas, no tenía la documentación al día, está en ley de insolvencia desde el año pasado, tiene deudas por más de 90 mil millones de pesos y, la más preocupante, uno de los integrantes del consorcio tiene investigaciones en la Fiscalía por sobrecostos, por peculado y serios cuestionamientos en el Departamento de Santander, durante la Gobernación de Richard Aguilar.
Las irregularidades de este proceso motivaron que se pidiera a la Contraloría General de la República que viniera a poner los ojos en este caso; sin embargo, no fue posible. Todo porque para que eso ocurriera, había dos opciones: que el alcalde lo solicitara, algo que difícilmente ocurriría teniendo en cuenta que las irregularidades vienen de su propia Administración o que el Concejo diera su autorización. Nosotros optamos por esta segunda vía; sin embargo, la petición no pasó, como era de esperarse. De los 21 concejales, 4 votamos SÍ a que la Contraloría pudiera revisar el proceso, 9 votaron NO y 8 se quedaron en silencio.
Así pues hoy sigue avanzando este contrato y Cali sigue sumergida en las dudosas contrataciones de las danzas de los millones, donde ganan unos pocos y perdemos como ciudad. ¡Hasta cuándo!.
