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Sorpresivamente el Fiscal General de la Nación le dio la espalda al Gobierno y se despachó contra la ley de “equilibrio de poderes” que se tramita en el congreso. Calificó la reforma como una colcha de retazos que refuerza los amplios poderes del Ejecutivo con el pretexto de despolitizar la Rama Judicial y concluyó diciendo que “este proyecto es solo una sumatoria de pequeños micos”.
Pese al enorme esfuerzo retórico, el Fiscal no ha precisado los aspectos que el constituyente primario debería abordar en la reforma, salvo el de mantener vigente la Comisión de Acusaciones, como juez natural de los altos funcionarios del Estado.
Al Fiscal no le gusta el tribunal para el juzgamiento de aforados porque, según dice, le quita al congreso una facultad que equilibra los poderes, pero no explica como ha mantenido ese equilibrio una comisión de acusaciones inoperante.
El Fiscal ha sido monotemático sobre quien debe juzgarlo y, sin ningún desparpajo, defiende el sistema actual de juzgamiento porque sabe muy bien que es garantía de completa impunidad. Recordemos que anteriores fiscales fueron objeto de duros cuestionamientos y, pese a la contundencia de las pruebas en su contra, las investigaciones quedaron congeladas para siempre.
Contra Luis Camilo Osorio existen graves señalamientos por vínculos con grupos paramilitares, no obstante goza de un estado de inmejorable impunidad. De Mario Iguarán se ha dicho que se hizo al cargo de fiscal gracias a una colecta que realizaron algunos jefes paramilitares para comprar su nombramiento. Ni los magistrados, ni el propio ex fiscal han sido vinculados formalmente a una investigación por estos hechos.
La tozuda insistencia del fiscal Montealegre en mantener vigente la Comisión de Acusaciones, lleva a preguntarnos ¿a qué le teme? Si sus actos, como suponemos, están ajustados a la ley no debe expresar ningún temor. A no ser que busque evitar que su sucesor ahonde en la investigación sobre los dineros que recibió de Saludcoop a título de honorarios y encuentre alguna irregularidad. Dios nos libre.
El fiscal tiene derecho a opinar sobre lo divino y lo humano como cualquier ciudadano de este país. Pero a lo que no tiene derecho es a inducir a engaño a los colombianos promoviendo la urgencia de una constituyente para tratar no se sabe que temas relacionados con la justicia, con el ánimo soterrado de presionar el hundimiento de la reforma que actualmente cursa el congreso.
Ninguno de los problemas sentidos de la justicia colombiana requiere ser abordado mediante una constituyente. ¿Será que necesitamos convocar al constituyente primario para quitarle facultades electorales a la Rama Judicial y establecer el sistema de carrera judicial para ocupar los cargos de magistrados de las altas cortes con el fin despolitizar la justicia? Por supuesto que no. Tampoco urge acudir a esta herramienta para establecer un mecanismo efectivo y transparente de investigación y juzgamiento para los aforados, incluyendo al señor fiscal.
Resulta, pues, que bajo el ropaje de la imperiosa necesidad de reformar el sistema judicial se esconde la verdadera intención de los promotores de la constituyente: que las cosas sigan igual.
Cada día que pasa el Dr. Montealegre habla y actúa más como un político que persigue el favor de la opinión pública que como un verdadero fiscal que persigue la delincuencia y lucha contra la impunidad, con independencia de la aprobación de la tribuna. Tal parece que este admirado académico sucumbió a la veleidad del poder y al igual que su antagonista, el señor Procurador Ordoñez, sueñan con la banda presidencial.
Ambos perdieron la brújula y se olvidaron de sus funciones constitucionales, para dedicarse de lleno al proselitismo. El procurador hace campaña repartiendo mercados, mientras que el fiscal lo emula, pero repartiendo amenazas.
Al inicio de su gestión el fiscal prometió ponerle freno a los abusos de la fiscalía, que bautizó “potro desbocado”. Pensamos entonces que emprendería un trabajo de depuración de malos fiscales e investigadores y ofrecería garantías a los procesados. Pero no fue así. Durante su gestión aumentaron las denuncias por falsos testigos, los fiscales incurren en cuanta arbitrariedad les viene en gana en medio de la mayor impunidad y las cárceles se llenan de personas injustamente privadas de la libertad debido a investigaciones torcidas, amañadas o precipitadas. El fiscal no pudo domar al potro y terminó convertido en un jinete desbocado que galopa en pos de sus propios intereses. Para ponerle rienda no necesitamos de una constituyente.
ADENDA: Junio 2 de 2015. Encuentro Nacional de Víctimas de Falsos Testigos. Bogotá. Centro de Memoria histórica. Info: www.defensadeinocentes.org
