Cada hora, en nuestro país 16 mujeres son víctimas de violencia sexual. La escalofriante cifra la da a conocer una encuesta de prevalencia de violencia sexual en Colombia, publicada el pasado agosto.
El estudio revela que durante el lustro comprendido entre 2010 y 2015, el número de colombianas agredidas sexualmente pasó de 875 mil; o sea que cada año fueron violentadas 145.906 mujeres, es decir 400 al día. Duele saber que 620 mil habían guardado silencio por miedo a venganzas, por desconocimiento de sus derechos y de los recursos para denunciar o por falta de confianza en la justicia colombiana.
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En 2016, los feminicidios en nuestro país aumentaron el 22 % como lo revela Medicina Legal. El director de esa entidad, Carlos Valdés, hizo una denuncia aterradora: “Estamos cambiando las formas de violencia, ahora en lugar de gritarle, le pegan o le lanzan ácido; la inutilizan. Es una violencia más severa. Antes veíamos una gran cantidad de lesiones con incapacidades menores a 20 días, ahora se ve más la puñalada y el uso de armas de fuego en las relaciones interpersonales. Antes en el ambiente familiar no se usaban armas de fuego; estaba el puño, la patada. Pero hoy las armas de fuego ocupan el primer lugar en violencia familiar. Y lo que es peor, dirigida a la mujer y los hijos.”
Las violencias de toda índole -sexual, familiar, psicológica, etc.- como armas de poder llevan a la mujer a ser víctima de un criminal que en la mayoría de ocasiones es su propia pareja o un familiar cercano; otras llegan inclusive al suicidio acosadas por el desespero de no recibir ayuda, orientación o protección, a veces, ni acudiendo a las autoridades responsables de atender estas situaciones.
En algunas oportunidades, cuando una mujer se llena de valor para denunciar a su agresor, en las entidades oficiales se tropieza con funcionarios que la inducen a abstenerse de hacerlo dejándole ver que si denuncia el abusador puede ir a la cárcel; inclusive llegan a preguntarle si está dispuesta a visitarlo en prisión. Ante ese panorama, muchas se sienten culpables, se intimidan y, lamentablemente, desisten de iniciar el proceso judicial, exponiéndose a una amenaza más grave.
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Es como si el Estado y la sociedad, obviando de manera cómplice el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1257 de 2008, entre otras normas, prefirieran mirar hacia otro lado en vez de asumir una posición determinante y justa ante hechos aberrantes que lesionan la dignidad de la mujer y ponen en peligro su vida.
Mi llamado es a que tomemos conciencia y consideremos propia la defensa de la dignidad, la seguridad y la vida de nuestras mujeres y niñas; a que reconozcamos y apreciemos su rol indispensable en la construcción de la sociedad y a exigirle al Estado atención, orientación, protección y justicia para ellas y la aplicación de todo el peso de la Ley para aquellos que infrinjan las normas.
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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) October 18, 2017
