Cada funcionario con su código
Uno de los problemas más graves de la justicia colombiana es la falta de seguridad jurídica derivada de decisiones contradictorias, absurdas y ligeras, proferidas por operadores judiciales en todo el país, especialmente en asuntos penales, como si cada uno de ellos tuviera su propio código penal.
Alarma hasta causar pavor que los administradores de justicia defiendan sus decisiones con argumentos tales como, “este despacho estila”, “aquí acostumbramos”, “aquí no se usa” y otras lindezas amparadas en una mal entendida autonomía judicial, y que son en realidad el desbordamiento de las facultades discrecionales de jueces y fiscales.
Hace poco, un juez de garantías concedió detención domiciliaria a una mujer capturada en flagrancia cuando trataba de consumar una cuantiosa estafa contra las arcas de un empobrecido municipio y a cuyo favor la defensa argumentó “que tenía cara de inocente”. El fiscal se mostró complacido con la decisión, sin embargo, días antes el mismo funcionario había sido implacable con un joven esquizofrénico quien en una crisis atacó a puñetazos a varios policías. El muchacho terminó en la cárcel y la “cara de inocente” se hizo humo al salir del juzgado.
En otra sede judicial del eje cafetero una juez de garantías le prohibió a un empresario vallecaucano salir del país y cuando fue evidente que carecía de prueba para soportar la decisión argumentó que la sociedad de ese municipio clamaba justicia y el despacho no podía desatender ese llamado. Por fortuna la gente no había pedido (al menos hasta ese momento) linchamiento, porque de haber sido así, no dudo que la togada habría entregado al pobre hombre a la turba enardecida.
Pero el mal es generalizado. En muchos despachos judiciales se impide el acceso al público y los medios de comunicación a las audiencias, dependiendo de la importancia o posición social del incriminado, violando el principio de publicidad. En otros se permite al representante del Ministerio Público intervenir en los mismos términos que a la fiscalía, teniendo los defensores que batallar contra dos fiscales. Y no son pocos los fiscales y jueces que al tomar una decisión “se apartan de los pronunciamientos de las cortes”, sin expresar los motivos de su desacuerdo, es decir, por simple capricho.
La inseguridad jurídica también es consecuencia de los falsos señalamientos proferidos por paramilitares y guerrilleros, quienes en busca de beneficios judiciales pasaron de chivatos implacables a convertirse en extorsionadores insaciables. En un principio el país vio con buenos ojos que los victimarios denunciaran a quienes los financiaron, apoyaron o recibieron beneficios de sus actividades ilegales. Nadie imaginó que estos criminales sacarían ventaja de la posición de denunciantes para acusar a personas inocentes en virtud de retaliaciones políticas, ideológicas y personales o porque previamente no pagaron una extorsión.
Ahora resulta que la palabra de un despiadado descuartizador tiene más valor que el dicho de un ciudadano ejemplar. Así están las cosas y van a permanecer igual mientras la justicia siga actuando motivada por los intereses personales de sus dignatarios y los operadores judiciales renuncien a interpretar las leyes para aplicar las suyas propias, como en el viejo oeste.
ADDENDA: Un ejemplo de la justicia de doble rasero: el 4 de septiembre de 2014, el autor de este blog sorprendió a GUSTAVO MUÑOZ, reconocido por su relación con el carrusel de testigos falsos que declararon contra el senador LUIS FERNANDO VELASCO y el ex diputado SIGIFREDO LOPEZ, tomando café en una de las tiendas JUAN VALDEZ de Bogotá. El hecho no tendría nada de particular de no ser por qué MUÑOZ está sujeto a una detención domiciliaria dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el delito de FALSO TESTIMONIO Y FRAUDE PROCESAL.
Mientras GUSTAVO MUÑOZ pasea sin guardianes del INPEC, cuando debe estar cumpliendo con la detención en su residencia, las victimas de sus calumnias estuvieron privadas de la libertad, sin gozar de ningún beneficio. De hecho a SIGIFREDO LOPEZ le impusieron un brazalete alrededor de uno de sus tobillos que le impedía movilizarse dentro de su propia residencia.
(FOTOGRAFIA TOMADA DEL TWITTER @elmermontana)
