Mi madre de repente empezó a olvidar cosas sencillas. Era octubre de 2019 y ella venía de pasar una semana con una amiga de infancia en Santa Marta. Al regresar a Cali, olvidó su maleta con toda su ropa; nunca supimos dónde la dejó ni cómo la perdió. Ella nunca lo recordó. Luego llegó la pandemia, los encierros y toda la narrativa de terror que vivimos durante más de un año, a partir de marzo de 2020. La ansiedad en ella se hizo mayor y los olvidos más frecuentes, sus actitudes lentas y su capacidad de orientación se deterioró.
En octubre de 2021 fue diagnosticada con demencia a sus 63 años, posiblemente una enfermedad de Alzheimer. Para nuestra fortuna, tuvimos acceso a servicios médicos de primer nivel y la tranquilidad de poder atenderla con relativa comodidad. No ha sido fácil pero podría haber sido peor; todo el proceso que ha venido viviendo mi madre me lleva a pensar con detenimiento en lo que deben vivir quienes no tienen las mismas oportunidades que ella. Es desolador cuando uno piensa que, en salud pública, las enfermedades mentales no cuentan con respuestas estatales más contundentes.
Hace unos días me reuní con personas que trabajaron en el programa de personas mayores de la Alcaldía de Cali. Hablábamos de cómo la ciudad no está preparada para el envejecimiento de su población y de cómo las capacidades de atención a personas mayores con enfermedades como la demencia que padece mi mamá son limitadas. Basta ver cómo el Ancianato San Miguel no cuenta con capacidad instalada para atender a aquellas personas mayores de bajos ingresos que padecen alguna clase de enfermedad mental.
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Una persona mayor con una enfermedad como la demencia es un reto para las familias, en especial para los cuidadores. Aunque Cali cuenta con un amplio portafolio de hogares especializados, son de alto costo y es difícil que una familia con ingresos bajos o medios pueda acceder a esos servicios. La capacidad pública es limitada y existe la tendencia en el sistema de salud a dejar en un plano secundario este tipo de patologías que afectan la conducta, la memoria y que reducen la autonomía de quienes las padecen.
Cali está envejeciendo. En 15 años, se duplicó la población de más de 65 años e, incluso, hoy la capital vallecaucana tiene una mayor proporción de personas mayores que el resto de Colombia. Es preocupante pensar que el 34% de la población caleña no está asegurando su vejez, lo que abre un escenario dramático de una población envejecida, más pobre, más vulnerable y susceptible a enfermedades como las mentales en un futuro próximo. No tengo la menor duda de que requerimos una respuesta institucional contundente que asegure el envejecimiento y ayude a que los miembros de las familias, en especial de quienes menos ingresos tienen, puedan manejar el drama de un pariente con demencia con mayor respaldo.
Se acercan las elecciones locales y hoy Cali tiene un sistema de salud amplio que requiere que la salud mental se asuma como prioridad. Se hace necesario que los candidatos hablen del tema con seriedad. Me atrevo a recomendar políticas y estrategias que busquen el aumento de talento humano que pueda atender la demanda creciente de servicios para las personas mayores y sus familias; mejorar los servicios del ancianato San Miguel y crear programas que permitan desarrollar lo que los expertos en el tema denominan la cultura del envejecimiento. La nuestra es una ciudad enamorada de su juventud, pero tal vez sea prudente mirar con atención el panorama que se asoma en el horizonte, cuando todos estemos transitando la senda de la vejez. Por nuestra salud mental, debemos prepararnos.
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