Apenas estábamos comenzado a desentrañar el escándalo del llamado Cartel de la Toga, que involucra a exmagistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia con una empresa criminal, cuando la prensa nos sorprendió con el caso del Contralor Distrital de Bogotá, Juan Carlos Granados, puesto en evidencia porque supuestamente recibió 200 millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Boyacá por parte de la multinacional brasilera Odebrech, según declaración rendida ante la fiscalía por el empresario Federico Gaviria.
Esto dio pábulo a otras denuncias por su actuación como Contralor Distrital de la capital, referidas a la creación de una nómina paralela integrada por paisanos suyos, miembros del impoluto partido Cambio Radical y familiares de magistrados del Cartel de la Toga.
Al calor de este nuevo escándalo, que demuestra que la corrupción es la única fuerza viva y pujante en el país, es necesario que los colombianos asumamos con seriedad la conveniencia de mantener las contralorías regionales (distritales, departamentales y municipales).
Estas contralorías, creadas con el supuesto fin de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, terminaron, desde hace mucho tiempo, convertidas en nido de la peor corruptela política y administrativa y fuente de enriquecimiento ilícito de funcionarios que ejercen la tarea fiscalizadora con el único propósito de presionar a los servidores públicos para exigirles puestos, contratos, dinero y toda clase de prebendas, al mejor estilo de las Bacrim.
Los contralores regionales, quienes por mandato constitucional deben ser elegidos “por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso” (art 272 Constitución Política), terminan favorecidos por las coaliciones afines al respectivo mandatario, pese a sus antecedentes y sin consideración a las calidades personales y profesionales, tal y como ocurrió con Granados.
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(Este personaje fue superado en puntaje por otros candidatos, pese a que 34 cabildantes bogotanos le pusieron en la entrevista una calificación de 10 sobre 10. Esto significa que la meritocracia solamente existe en el texto constitucional, mientras que en la realidad impera la politiquería).
Pero el problema no solo radica en la forma de elección de los contralores, también hay que tener en la cuenta que si excepcionalmente es elegido un contralor honesto, tendrá que lidiar con una nómina inamovible de funcionarios (bien sea por que están sindicalizados o porque son cuota política) muchos de los cuales actúan en asocio de algún gamonal, como verdaderos forajidos.
Las contralorías son inútiles, innecesarias, costosas y un verdadero monumento a la corrupción. Cuando ejercían el control previo llegaron a convertirse en un obstáculo para las administraciones departamentales y municipales; sin embargo, el control posterior, que ahora llevan a cabo, hace inane la labor que desempeñan. De nada sirve detectar el robo de los dineros públicos cuando este se ha consumado y queda prácticamente reducida a cero la posibilidad de recuperarlos.
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Las contralorías contribuyen a enquistar la corrupción en Colombia, por cuanto sirven de distractor para hacer creer a los ciudadanos que las alcaldías y gobernaciones están vigiladas y controladas, cuando la realidad es completamente distinta.
Es una verdad incuestionable que el estado colombiano está diseñado para facilitar y promover la corrupción y el pillaje. De nada sirven las declaraciones y manifiestos contra la corrupción si se mantienen incólumes las estructuras que la prohíjan, alimentan y protegen. Tenemos que revisar cada uno de los órganos de control con el fin de establecer si realmente son útiles y necesarios y, por supuesto, pensar en nuevas y vigorosas instituciones que sirvan para proteger los dineros públicos, si en verdad queremos ganar la batalla contra la corrupción, que hoy reina a sus anchas.
La opinión de los blogueros no refleja el pensamiento editorial de 90minutos.co
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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) September 30, 2017
