Por Norma Hurtado Sánchez
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
Si bien es cierto que nuestro país arrastra una serie de álgidas problemáticas de distinta índole, muchas de ellas provenientes de una acumulación histórica, alimentada por la indiferencia, y en ocasiones por la ineficacia de las medidas contingentes tomadas para contrarrestarlas, también es cierto que existen mecanismos contemplados por la Ley para combatirlas decididamente.
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Soy fiel creyente que los colombianos tenemos derecho a que se nos brinde un servicio de salud con calidad, que sea oportuno, continuo y, sobre todo incluyente. Nuestro país debe regirse por un modelo de sistema que no discrimine; que posibilite a todos los ciudadanos acceder a una buena atención para aliviar sus quebrantos y mantener el mejor estado de salud posible.
Ahora bien, es esencial prestar atención a lo que está sucediendo con las Empresas Sociales del Estado, ESE, las cuales conocemos con mayor facilidad como hospitales públicos. Es completamente inadmisible que, al día de hoy, tan solo en el Valle del Cauca las EPS adeuden a los 53 hospitales del departamento cerca de 800 mil millones de pesos; situación que sumerge en una profunda crisis a quienes prestan el servicio de salud al grueso de la población.
Lo realmente complejo de esto es que se afecta la atención en los hospitales, ocasionando el retiro de especialidades; disminuyendo los servicios; imposibilitando el pago oportuno a quienes arduamente trabajan y arriesgan su propia vida para proteger la nuestra; y desde luego, reduciendo ostensiblemente la capacidad para la compra de insumos y medicamentos esenciales para el tratamiento y cura de enfermedades, así como la atención de urgencias.
He sido y seguiré siendo defensora férrea de la salud en mi país, por eso no sólo hago un llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para trabajar en la búsqueda de prontas soluciones; sino que, expreso también la necesidad de contemplar la imposición de sanciones previstas por la Ley para que las EPS paguen sus deudas a los hospitales; y así lograr que la red pública hospitalaria se recupere, fortalezca, y continúe brindando la atención en salud que todos los colombianos merecemos. Los recursos destinados al sistema de salud deben incrementarse considerablemente; primero la salud, primero la vida.
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