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La reforma tributaria de Duque

La reforma tributaria de Duque

Perplejos quedamos, en plena pandemia y cuando apenas por la acción de las vacunas, se avizora luz al final del túnel, al ver como el Presidente de la República anunciaba la más drástica y brutal reforma tributara de los últimos años, para “supuestamente” financiar el gasto social que requiere el país. Pero la reforma, la tercera reforma tributaria de este gobierno, que ahora tiene un nombre escogido por alguna agencia marketing político, “proyecto de ley de solidaridad sostenible”, nada tiene de solidario o de sostenible, y de convertirse en ley de la república llevaría a la miseria a millones de colombianos.

De la perplejidad pasamos a sentirnos indignados, si tenemos en cuenta que el presidente y su fórmula a la vicepresidencia prometieron en campaña, bajar impuestos y subir salarios.

De las declaraciones y las acciones que ni siquiera disimulan los altos funcionarios del Estado resulta evidente que el interés real del gobierno es obedecer a las agencias internacionales calificadoras de riesgos (Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody’s), que evalúan cada día que, su alumno consagrado, logre mejores notas en la aplicación de las más extremas recetas neoliberales, que el capitalismo salvaje puede ofrecer para pauperizar la clase media y extremar la pobreza del país.

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Además aparece otro objetivo oculto en el inmenso proyecto de recaudo tributario, que demandará varios billones para el tal gasto social, y es paradójicamente, la compra de aviones de combate F-16, usados para guerras regulares entre naciones, que nada tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales que azotan internamente al país. La única explicación lógica sobre esta compra es que Duque piense en serio en una guerra con Venezuela, lo cual sumiría en las tinieblas a ambas naciones.

El costo de los 24 aviones estadounidenses, es de US $ 4.500 millones de dólares, suma descomunal, que resulta una afrenta para millones de colombianos que empiezan a sufrir el rigor de la crítica situación social y económica provocada por la pandemia.

Los documentos que circulan para hacer ambiente político a la cuestionada reforma señalan que el gobierno pretende obtener 10,5 billones por IVA, 16,8 billones por impuesto de renta a personas naturales y 3,0 billones por renta personas jurídicas. La reforma extendería el IVA a la mayoría de los bienes de la canasta familiar, atentando contra las clases más pobres, a quienes golpea con toda crueldad el alza en los alimentos y bienes básicos. Pero además, se gravarían con nuevos impuestos los insumos agropecuarios, tales como  los plaguicidas, lo que afectará a los productores del campo y encarecerá más aún los alimentos que requieren esos insumos.

Para la afectar la clase media, el impuesto de renta se extendería a las personas que ganan poco más de 2.5 millones, a quienes el Ministro Carrasquilla considera millonarios y, por tanto, deben tributar con severidad. Algunos medios de prensa hablan que el proyecto revivirá un impuesto solidario (declarado inexequible por la Corte en 2020), gravando el ingreso bruto de todos los empleados de los sectores público y privado, de forma casi confiscatoria y hasta que se supere el déficit fiscal.

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Igualmente, y aunque el texto de proyecto aún no se conoce, los medios de comunicación afectos al gobierno indican que se tratará de establecer un impuesto al patrimonio bruto para todos los declarantes de renta. Los pocos y justos gastos deducibles que los empleados y contribuyentes de impuesto de renta de clase media pueden deducir, como los pagos en salud, educación y los intereses de los créditos hipotecarios, serían eliminados. Las pensiones, a pesar de que la Corte Constitucional ha insistido en el respeto y protección de los ingresos de las personas de tercera edad, serían igualmente gravadas. Recordemos que muchas organizaciones de pensionados orientaron votar por Duque quien les prometió reducir los aportes en salud. Esto lo cumplió el año pasado y ahora pretende cobrarles el favor gravando las pensiones.

Sin duda se trata de golpear fuertemente a la clase media y llevarla a su agotamiento y desaparición. También se prevé que en el proyecto aparezcan unos tributos clasistas que, disfrazados de tributos ambientales o impuestos verdes, se establecerán a los vehículos de transporte, carros y motos, con motores a combustión, favoreciendo nuevas tecnologías como los carros eléctricos que son bienes costosísimos, que, si bien no contaminan, solo están al alcance de las oligarquías y las altas clases sociales. ¿Será que alguien de clase media puede comprar un carro eléctrico? No. Eso lo podrán hacer únicamente los más ricos del país.

Si el gobierno quiere en realidad desestimular los vehículos que contaminan debe primero optimizar los medios de transporte masivo y tecnologías de transición, como los biocombustibles, antes de pensar en carros de hidrogeno o impulsados con baterías de litio.

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El país se desangra en la guerra criminal generada por el crecimiento exponencial de bandas delincuenciales y de narcotraficantes; las pequeñas y medianas empresas ya no pueden más con las restricciones, y las empresas del sector real productivo luchan por mantenerse. La mejor reforma tributaria es sin duda la paz y la reactivación económica, no la opresión a las clases medias y bajas del país.

El Gobierno tampoco da señales de austeridad, sigue siendo un Estado derrochón, que piensa que los que tienen que apretarse el cinturón son los pobres y los que medianamente cuentan aún con un ingreso salarial en el sector público o privado. La pandemia sigue matando, van 62 mil muertos y el país no avanza en la vacunación masiva de la población, la pobreza golpea más puertas de colombianos, pero aun así, se pretende cobrar más impuestos.

El infame proyecto de la falsa solidaridad sostenible, es una nueva receta neoliberal que terminará causando más daños y estragos  al país de lo que ha provocado la desgraciada pandemia. Colombia es un enfermo terminal y a esa clase de enfermos no se les pide que corran una maratón.

También hay que decir que no estamos frente una reforma estructural, sino ante una colcha retazos del parcheado estatuto tributario Colombiano. ¿Cuál es entonces el legado del presidente Duque?, ¿Si había que hacer una reforma estructural, porqué no la hizo cuando llegó al poder? Si algo debiese acometer el presidente en este último año que le queda, es concentrarse en vacunar a toda la población; la inmunidad de los colombianos es el camino  para reactivar la economía y generar ingresos para la nación. Pero al paso que vamos, seremos el último país del mundo en vacunar a su población.

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Quienes hacemos opinión, tenemos el deber de presentar al país la inconveniencia de ese proyecto y sus reales objetivos. Por eso mismo hacemos un llamado a los sectores independientes  para que unamos fuerzas y exijamos al Congreso de la República que rechace esta iniciativa en defensa del mínimo vital de la mayoría de los colombianos y que no termine siendo cómplice de la eliminación de los pocos ingresos que le quedan a las clases menos favorecidas del país.

A no ser que, a última hora, salga Álvaro Uribe a defendernos de Duque, porque en época de elecciones cualquier cosa puede suceder.

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