El abogado NESTOR HUMBERTO MARTINEZ, recién posesionado Fiscal General de la Nación, tendrá que apelar a las enseñanzas de su padre, el maestro Salustiano Tapias, para reconstruir, ladrillo a ladrillo, el derruido prestigio de la fiscalía. La dupla MONTEALEGRE-PERDOMO, incurrió en tantos y frecuentes desafueros que incluso aquellos que reconocían sus méritos académicos terminaron convencidos que estos personajes pasarán a la historia como los peores funcionarios que ha tenido el ente investigador y los principales artífices de la pérdida de confianza de la ciudadanía en la administración justicia.
El Fiscal tendrá que asumir una fiscalía politizada, mediocre y permeada por la corrupción, que dejó de ser una entidad respetada y confiable para convertirse en una institución que causa pavor en los ciudadanos de bien y es objeto de burla por parte de la delincuencia.
Durante la administración pasada ingresaron a la fiscalía un número considerable de fiscales, investigadores y asesores, sin ninguna preparación, pero con la fortuna de haber sido recomendados por los caciques políticos. Y como en la política nada es gratis y favor con favor se paga, es apenas lógico deducir que estos funcionarios están bajo las órdenes de su padrino político, como ha sido y será siempre.
Ojalá el fiscal empiece con pie derecho acabando con las famosas embajadas creadas por MONTEALEGRE para satisfacer su incurable megalomanía. Buena parte del presupuesto de la fiscalía se derrochó en esta burocracia de alto turmequé y en el pago de una pléyade insaciable de asesores externos que cumplían tareas propias de los fiscales. Cómo olvidar a la linda NATALIA SPRINGER a quien su gran admirador, el fiscal, premió con el contrato de asesoría más jugoso que se haya firmado en la fiscalía para que realizara una tarea cuyos resultados han sido puestos en duda por funcionarios de la misma entidad.
La planta de asesores adscritos al despacho del Fiscal General de la Nación es otra vena rota de la institución que el nuevo fiscal deberá cauterizar cuanto antes. En su gran mayoría son jóvenes recién salidos de la universidad, graduados en disciplinas distintas al derecho, que viajan por todo el país dictando catedra a los fiscales veteranos sobre “las técnicas de investigación criminal” que ellos nunca han aplicado.
La nómina de subdirectores creció de manera escandalosa, al extremo que en las principales ciudades del país, además del director seccional existen 5 subdirectores con las mismas funciones del director. Esta nómina, con sueldos astronómicos y funciones meramente administrativas cuenta con esquemas de seguridad, es decir, con escoltas y carros de última gama para su traslado, mientras que los fiscales que asumen graves riesgos en las investigaciones tienen que encomendarse a la Virgen del Carmen para que los cuide. Conozco a varios fiscales que han sido amenazados en el cumplimiento de su labor y pese a ello no cuentan con las mínimas garantías de seguridad.
El exfiscal MONTEALEGRE, trasladó a Bogotá varias fiscalías delegadas ante el Tribunal con el fin de vincular a sus amigos debilitando el trabajo en las seccionales, tal y como ocurrió en Cali y Buga. Semejante estropicio debe ser remediado si en verdad la administración que inicia labores quiere despolitizar la fiscalía.
Pero quizá el mayor reto que tiene el abogado NESTOR HUMBERTO MARTINEZ, es acabar con las prácticas corruptas y abusivas que afectan gravemente el prestigio de la institución.
La Fiscalía históricamente se ha hecho de la vista gorda con los incrementos injustificados del patrimonio de sus funcionarios pese a que se conocen casos realmente escandalosos de servidores dueños de riquezas exorbitantes. Un primer paso, para ponerle freno a la corrupción, es verificar la situación patrimonial de todos los servidores y actuar en los casos comprobados de enriquecimiento ilícito, con la misma diligencia que la fiscalía emplea cuando se trata de personas ajenas a la entidad.
De igual manera el fiscal debe prestar atención a las mafias de abogados y funcionarios que operan en muchas ciudades del país dedicadas a torcer las investigaciones.
Durante el periodo de MONTEALEGRE se multiplicaron de manera escandalosa los casos de personas injustamente privadas de la libertad por cuenta de señalamientos realizados por falsos testigos. Si bien es cierto el fiscal creó una unidad para investigar estos casos, la cual ha dado magníficos resultados, también lo es que los fiscales e investigadores que han usado falsos testigos, de manera dolosa o sospechosamente negligente, siguen vinculados a la institución haciendo de las suyas.
El Fiscal debe liderar una reforma al Código de Procedimiento Penal que acabe de una vez por todas con la reserva sumarial, contrariando los principios del sistema penal acusatorio. La regla vigente según la cual la fiscalía está obligada a descubrir las pruebas solamente en la audiencia de acusación, dificulta el trabajo de la defensa y ha dado lugar a que funcionarios corruptos vendan el contenido de las carpetas durante la fase de investigación. Paradójicamente el sistema mixto, satanizado por antigarantista, permitía que a partir de la versión libre o la indagatoria la defensa tuviera acceso al proceso y conocer las pruebas recaudadas, el nuevo sistema debe rescatar esta prerrogativa pues el secreto solo ha servido para desprestigiar la justicia.
Salvo las practica de pruebas, que por su naturaleza deban ser secretas (ej: interceptaciones telefónicas, seguimientos, etc…) y las ordenes de captura, no hay razón válida para que la fiscalía practique el secretismo inquisitivo en un sistema de corte acusatorio.
Los defensores abrigamos la esperanza que el fiscal NESTOR HUMBERTO MARTINEZ, ponga fin a la práctica perversa, utilizada por sus antecesores, de exponer ante los medios de comunicación a las personas imputadas, como si fueran responsables, violando el derecho universal a la presunción de inocencia. Y que se abstenga de ejercer presión contra los jueces para que acojan las tesis de la fiscalía.
El Fiscal debe reconstruir la Fiscalía, reconfigurarla y adaptarla a la realidad del post conflicto cuyo éxito dependerá, en buena parte, de la existencia de un sistema judicial firme, vigoroso, garantista y digno de credibilidad.
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